La carrera de adjudicaciones, proyectos y trámites administrativos emprendida por el Ayuntamiento de Madrid pocos meses antes de las elecciones municipales culminó de forma espectacular el pasado viernes, apenas 48 horas antes de la consulta. El equipo de Gobierno encabezado por Ana Botella procedió a la licitación de uno de los grandes contratos de la ciudad, el referido a la instalación y explotación del mobiliario urbano en todo Madrid, valorado en 400 millones de euros.
Se trata de dar continuidad al proceso de privatización de este servicio que puso en marcha en 1994 José María Álvarez del Manzano, por entonces alcalde de Madrid. El contrato, adjudicado a la multinacional JC Decaux, fue posteriormente prorrogado hasta el límite marcado por el pliego de condiciones.
El Consistorio inició el proceso para licitar un nuevo contrato y decidió ponerlo en marcha justo antes de las elecciones, sin vuelta atrás.
De este modo, si Manuela Carmena se convierte en nueva alcaldesa de Madrid y decide dar un giro a la progresiva privatización de los servicios públicos en la capital se encontrará con numerosas ataduras en este capítulo. La posibilidad de que la candidata de Ahora Madrid tome el bastón de mando de la ciudad, hasta ahora en manos de Ana Botella, ha disparado las cábalas sobre el futuro de la gestión de los servicios públicos, toda vez que se ha ido privatizando en los últimos años y que los potenciales nuevos regidores de la capital son partidarios de su retorno a lo público.
La licitación contempla la instalación y explotación publicitaria de los soportes para la publicación de información municipal, así como el mobiliario destinado al depósito de pilas y baterías de teléfonos móviles, los contenedores complementarios de recogida vidrio y los sanitarios públicos portátiles.
Un contrato de 12 años
El contrato tendrá una duración de 12 años y será posible prorrogarlo en dos ocasiones por dos ejercicios más cada una de ellas, con lo que su duración máxima será de 16 años.
En principio, la urgencia a la hora de licitar este macrocontrato reside en el hecho de que el mobiliario instalado actualmente en Madrid y que cumple las funciones anteriormente citadas es propiedad del adjudicatario del anterior contrato y, por lo tanto, debe proceder a su retirada, para lo que dispone de un plazo de seis meses.
Toda vez que no era posible una nueva prórroga, el Consistorio tenía que actuar con celeridad si quería afrontar con garantías el periodo de transición. El nuevo adjudicatario se podría conocer durante el próximo mes de julio.
Oportunidades en el aire
Madrid aparece en el horizonte de los grandes grupos proveedores de servicios municipales por este contrato y también por el de la recogida de basura, que deberá licitarse a finales del presente daño si no hay un cambio de estrategia en el Ayuntamiento con motivo de la llegada del nuevo equipo de gobierno.
Actualmente, el servicio está dividido en dos contratos: centro y periferia, aunque este último tiene una vigencia de unos meses y se realizó para facilitar la transición hacia un gran contrato con una duración de 10 años.
Un Consistorio en manos de Ahora Madrid dejaría en el aire estas oportunidades, incluida la del contrato que acaba de licitarse, algo que quiso evitar el equipo de Ana Botella: si la licitación se ponía en marcha sería más complicado echarla abajo e impedir que la gestión del mobiliario urbano siguiera en manos privadas.
