El primer gran contrato que licita el Ayuntamiento de Madrid bajo el mandato de Manuela Carmena ha puesto de acuerdo a empresas y sindicatos pero por el polo negativo. Las condiciones no convencen ni a las potenciales adjudicatarias ni tampoco a los representantes de los trabajadores por motivos que, en ocasiones, son incluso coincidentes, como es el caso de la duración del contrato. La polémica está servida sobre un asunto en el que llueve sobre mojado.
Sin duda, uno de los aspectos que más ha llamado la atención sobre el nuevo contrato de recogida de residuos en la capital ha sido su duración: cuatro años más dos opcionales a modo de prórroga. “Es un periodo de tiempo demasiado escaso para amortizar la inversión tan grande que hay que realizar. Se trata de un servicio intensivo en capital, especialmente al principio. Si después hay poco margen para tratar de hacer rentable la inversión corremos el riesgo de ir con el freno de mano echado desde el principio”, apuntan desde uno de los grupos que estudia pujar por el contrato.
Una preocupación compartida por los representantes de los trabajadores. En concreto, UGT considera que el periodo de vigencia del contrato hace muy complicado amortizar el coste de la flota de camiones para prestar el servicio, uno de los grandes caballos de batalla de este servicio, toda vez que el lamentable estado de los vehículos hace necesaria su renovación. El Ayuntamiento ha comprado algo más de un centenar de nuevos camiones pero esta cifra no supone ni la cuarta parte de los que se precisan.
Otro factor que genera inquietud es el del criterio monetario a la hora de adjudicar el contrato. La oferta económica supondrá el 55% de la puntuación final, en línea con anteriores licitaciones similares del Ayuntamiento. UGT considera que este factor convierte al proceso directamente en una subasta.
Un pliego inconcreto
Las compañías no van tan lejos pero recuerdan que ofertas a la baja en el pasado dieron lugar a múltiples problemas a la hora de prestar el servicio a los ciudadanos. “Entre las rebajas económicas, las elevadas amortizaciones de maquinaria y el desconocimiento del servicio por parte de las adjudicatarias podemos entrar en una espiral de conflictividad y desorganización”, asegura en este sentido UGT.
La oferta económica supondrá el 55% de la puntuación final. UGT considera que este factor convierte al proceso directamente en una subasta
Al margen de las condiciones de la licitación, el sindicato CGT ha vertido fuertes críticas contra el proceso al acusar a la corporación municipal de incumplir el programa electoral de Ahora Madrid, que contemplaba la posibilidad de que el Ayuntamiento de Madrid recuperara la prestación de este servicio, cuya privatización data de comienzos de los años 90.
CGT critica también el contenido de los pliegos de condiciones que considera demasiado inconcretos. “Es el pliego de condiciones de ‘y ya iremos viendo’”, apunta en un comunicado. Una crítica que también ha sido apuntada por las empresas que aspiran a hacerse con alguno de los tres lotes en que estará dividido el contrato.
Sinergias complicadas
La licitación prevé que un mismo grupo no pueda llevarse más de dos lotes por lo que al menos serán dos adjudicatarios los que presten el servicio. Una circunstancia que no termina tampoco de convencer a las empresas que pretenden pujar por el contrato, toda vez que no permite desarrollar sinergias y economías de escala que podrían, en parte, paliar el problema del escaso margen de tiempo para amortizar la inversión.
El hecho de que los pliegos de condiciones garanticen del mantenimiento de las plantillas es uno de los pocos factores que han gustado a los sindicatos. Entre ellos, CCOO ha sido el que ha mostrado una mejor opinión sobre la licitación.
Está previsto que el nuevo contrato entre en vigor a partir del próximo 1 de noviembre.
