El pasado 26 de enero, en la quinta planta de los juzgados de La Caleta en Granada, se celebró una vista previa que enfrentaba a SAT San Antón -la cooperativa láctea navarra cuya denuncia ante la CNMC provocó la histórica multa de 88 millones de euros a 9 compañías y 2 asociaciones por crear un cártel lacteo- con 4 de estas empresas, a quien la sociedad cooperativa de Peralta, ahora en concurso de acreedores, les exige 15 millones de euros más intereses por haberles comprado durante años la leche a un precio por debajo del precio de mercado y de forma pactada.
Tras la vista, que duró varias horas y donde todas las partes expusieron sus motivos, la juez calificó de "controvertido" el caso y vio motivos más que suficientes para que haya juicio. Incluso puso fecha, algo no muy común, para los días 27 y 28 de septiembre de 2018. Esto no quiere decir necesariamente que el juicio vaya a celebrarse, ya que podrían alcanzarse acuerdos privados entre las partes, aunque necesariamente deberían de pasar por el pago íntegro de las cantidades demandadas, pues la intención de la cooperativa es llegar hasta el final.
San Antón, defendida por Pombo y Asociados, ha calculado que durante 6 años se le compró la leche a precios por debajo del mercado, por lo que dejó de ganar 5,6 millones de euros. Como esto ocurrió entre 2000 y 2016, a todo ello ha aplicado el interés legal del dinero cerrando una demanda de 8,6 millones de indemnización para Puleva. Este diario ha contactado con la compañía sin obtener respuesta.
"No accedemos a ningún tipo de chantaje o coacción", dicen en Capsa
Además, el resto de las compañías litigantes son Capsa (Central Lechera Asturiana, a quien se le reclaman 2,3 millones), la cooperativa gallega Celega (3,3 millones) y Senoble, a quien se le piden 300.000 euros. Dado que los franceses, interproveedores lácteos de Mercadona, vendieron sus plantas a Schreiber, en este caso sería la compañía estadounidense quien está presente en el juicio aunque la representación legal y las indemnizaciones, si se dieran, las afrontaría Senoble. Cuando Schreiber compró a Senoble ya había conocimiento de la multa, y por tanto en su contrato estaba estipulado que Senoble pondría los abogados y se haría cargo de cualquier indemnización.
Con respecto a Puleva, la situación también queda dividida ya que los franceses de Lactalis compraron la compañía a Ebro Foods en marzo de 2010 por 630 millones de euros. De esta manera, tanto los franceses -que no han respondido a este diario- como Ebro -que provisionó 5,6 millones- en sus cuentas de 2014 para afrontar futuros pagos relacionados con el cártel podrían ser responsables.
En Capsa han respondido a este diario al ser preguntados sobre si pagarían para evitar el juicio: "Nada que comentar más allá de nuestra declaración de inocencia. No accedemos a pago alguno ni a otro tipo de chantaje o coacción".
