Moncloa acelera los trámites para llevar a cabo una especie de rescate de las concesionarias de autopistas de peaje que ya han solicitado el concurso de acreedores y también para aquellas que se encuentran en una situación financiera complicada. Una vez más, los tiempos están siendo marcados desde Bruselas ya que el Ejecutivo comunitario observa con inquietud una situación que podría engordar de forma significativa el déficit que España lucha por reducir.
Dentro de un mes se cumplirá el primer año de la primera quiebra de una concesionaria de autopistas. Se trata de al encargada de la explotación de la AP-41, que une Madrid y Toledo y que, en los planes iniciales iba a contar con una conexión hasta la provincia de Córdoba. Como en el resto de los casos, el volumen de los tráficos fue muy inferior al previsto y los elevadísimos costes de expropiaciones se encargaron del resto.
A partir de entonces se sucedieron los concursos de acreedores de autopistas en cadena, hasta un número de seis antes de que finalizara el pasado ejercicio. Entre ellas se encuentran algunas de las radiales de Madrid, licitadas a finales del pasado siglo y que, en contra de lo previsto, se han convertido en uno de los paradigmas de la crisis en España, junto con el estallido de la burbuja inmobiliaria.
A partir de este primer año de concurso, los riesgos de liquidación se incrementan por momentos y el Estado se encuentra al final de este proceso, como último responsable pues realmente las autopistas de peaje son de su propiedad.
El BEI, destacado acreedor
En total, las cuentas públicas deberían asumir una deuda extra superior a los 3.000 millones de euros, lo que pondría un fuerte obstáculo en el ya complicado camino de tratar de cerrar el presente ejercicio con un desequilibrio en las cuentas públicas de un 4,5%, un objetivo que el Gobierno español lleva tiempo negociando con Bruselas para que no sea tan estricto.
Pero no es la única circunstancia que preocupa en el seno del Ejecutivo comunitario. También influye el hecho de que el Banco Europeo de Inversiones figura como acreedor en un buen número de procesos concursales de autopistas de peaje en España.
En su día, los consorcios adjudicatarios recurrieron a préstamos del organismo supranacional para financiar las concesiones, con lo que la institución que cuenta con la exministra de Fomento Magdalena Álvarez como una de las vicepresidentas se ve afectada negativamente por la situación de alas autopistas españolas.
El Gobierno de Mariano Rajoy no era partidario de crear una nueva empresa nacional de autopistas para poner solución al problema de las concesionarias asfixiadas financieramente. Sin embargo, el tiempo se acaba, la presión de Bruselas sube a cada minuto y la solución de un rescate a través de una sociedad estatal se perfila como la más rápida.
