Un vacío legal del que se han aprovechado algunas compañías de transporte de pasajeros ha permitido establecer un esquizofrénico mercado de segunda mano de licencias VTC (vehículo turismo con conductor) mediante el cual ciertas empresas y particulares han ganado dinero aprovechándose de un vacío legal. La situación, que lleva produciéndose desde 2012, ha sido finiquitada de un plumazo gracias a un Real Decreto publicado en el BOE el pasado 20 de noviembre con el que el Gobierno de Mariano Rajoy cumple a última hora con una de las peticiones de los taxistas, como era el control de las licencias que les hacen la competencia, y además desactiva las movilizaciones que ya estaban en marcha para plena campaña.
El proceso judicial era rocambolesco pero efectivo: un particular o empresa solicitaba una licencia VTC a lo que la Comunidad de Madrid (este caso tan sólo se ha observado en esa administración) respondía rechazando la petición. Entonces el afectado elevaba el contencioso al Tribunal Supremo, que concedía la licencia y obligaba a la administración a pagar las costas del proceso. Según el gremio del taxi, bajo este procedimiento se han concedido en Madrid 700 licencias en los últimos 4 años. Es una cifra importante porque en la Comunidad había alrededor de 1.500 licencias este verano (unas 15.000 en toda España), lo que supondría que se habían doblado en menos de una legislatura.
Empresas como Cabify han usado esta trampa legal para hacerse con un número amplio de licencias para su uso o comerciar con ellas
Fuentes próximas al gremio del taxi denuncian que esta trampa legal ha sido utilizada por compañías como Cabify para poder hacerse con más licencias VTC o incluso en algún momento comerciar con ellas, generando un mercado especulativo de segunda mano similar al del taxi. Por su parte, Vozpópuli contactó con la propia compañía que reconoció que esta práctica se estaba llevando a cabo aunque "los ingresos que nos supone no son significativos". Una simple búsqueda por internet nos aclara que el precio de las licencias VTC no es barato, ya que en páginas como Segunda Mano se piden entre 8.000 la más barata en Madrid y hasta 35.000 por una licencia de coche de lujo en Málaga que habilita vehículos de hasta 9 plazas.
El abogado José Andrés Diez fue el primero en percatarse de que la Ley Ómnibus en cierta manera liberalizaba el servicio del taxi. Presentó contencioso administrativo contra la Comunidad de Madrid por no entregar una licencia VTC solicitada y acudió al Tribunal Supremo, donde fue concedida. El coste del proceso legal de acudir hasta el Supremo para lograr la licencia, unos cientos de euros, nada tiene que ver con los varios miles de euros que luego se consiguen al revender la licencia obtenida. "En algunos casos", indican desde una de las federaciones del taxi de Madrid, "la Comunidad de Madrid ha sido condenada a pagar las costas del proceso".
José Andrés Diez ha estado presente en los principales procesos judiciales que ha enfrentado a plataformas como Uber o Cabify contra el sector del taxi. Pero no siempre en el mismo bando. Representó a los denunciantes de Uber y también de Blablacar, y ha trabajado con la defensa de Cabify en la última demanda presentada contra esta aplicación por las asociaciones del taxi, en la que de momento la juez ha decidido no suspender la actividad de la empresa, como sí ocurrió en el caso de Uber.
Decreto en el tiempo de descuento
Con el Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, el Gobierno complica la especulación a agentes individuales y dificulta los procesos de reventa lucrativa de licencias VTC. Los taxistas, opuestos por convicción a los cambios que modifiquen el sector tal y como está ahora mismo, celebran el contenido de este reglamento, que consta sobre todo de dos cambios de sustancia. Uno, obliga a que sólo pueda haber como máximo una licencia VTC por cada 30 licencias de taxi. Si se supera esa ratio, la autoridad "entenderá en todo caso que se produce una situación de desequilibrio", y entonces podrá denegar el otorgamiento de nuevas autorizaciones de arrendamiento de vehículos.
Por otro lado, un cambio que embrollar sobremanera el traspaso de licencias: establece en siete como mínimo las licencias VTC que tiene que tener una empresa dedicada al transporte con esta actividad. Es decir, las empresas deberán ser más grandes. Los coches con conductor tienen que estar aparcados en una base y funcionar bajo petición telefónica o por internet. No pueden en ningún caso ir recorriendo la ciudad como hace el taxi, que juega con una mayor inmediatez mientras contribuye en la congestión de las vías. No obstante, el gremio de taxistas asegura haber visto a coches de Cabify esperando en las inmediaciones de hoteles o congresos, algo que es ilegal dadas las características reservadas a las VTC.
En ciudades como Londres, las licencias VTC para transporte bajo pedido igualan en número o incluso pueden superar a los taxis. Compañías como Uber tienen fama de haber puesto el transporte privado al alcance de ciudadanos con menos renta frente a precios mayores del taxi tradicional.
