El Gobierno baraja la posibilidad de vender un paquete adicional de AENA como una vía para obtener ingresos extraordinarios que contribuyan a alcanzar los objetivos de déficit impuestos por Bruselas. Pero esta opción no va a resultar sencilla. Para llevarla a cabo, el Ejecutivo tendrá que contar con el PSOE para impulsar un cambio normativo que modifique la actual Ley que obliga al Estado a conservar una participación mayoritaria en el gestor aeroportuario. Y para más inri, esa disposición fue aprobada por un Gobierno socialista, el que lideraba José Luis Rodríguez Zapatero.
En sus primeras apariciones mediáticas con su nuevo cargo, Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, ha deslizado la posibilidad de que el Ejecutivo recurra a la venta de una participación adicional en AENA, aprovechando la buena acogida que ha tenido la compañía en bolsa desde su debut, en febrero de 2015, lo que ha hecho que su precio inicial se haya multiplicado por más de dos.
Pero precisamente en ese proceso de privatización el Estado se deshizo ya del 49% del capital de la compañía, con lo que cualquier venta superior al 1% adicional requeriría de una modificación de la Ley aprobada en su día por el Gobierno del PSOE, cuando diseñó un proyecto inicial de privatizar parcialmente el gestor aeroportuario.
Se da la circunstancia de que el PP tuvo en su mano modificar la Ley durante la pasada legislatura, cuando no precisaba de apoyos parlamentarios para sacar adelante los trámites gracias a su mayoría absoluta. Los primeros planes del Gobierno Rajoy para privatizar AENA pasaban por colocar, al menos, el 60% del capital, lo que hubiera hecho necesaria el cambio de Ley.
Sin embargo, finalmente optó por un proceso que le aseguraba quedarse con la mayoría de la empresa, por lo que no fue necesario modificar la normativa.
Los socialistas se oponen
De entrada, el Gobierno se encontrará con problemas para que el PSOE apoye cualquier de las propuestas que presente durante las legislaturas. Por si quedaba alguna duda, los socialistas no han tardado en reaccionar a los globos-sonda lanzados por De la Serna en los medios de comunicación sobre la posibilidad de vender un paquete adicional de títulos de AENA.
Así, el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Miguel Ángel Heredia, aseguró este martes que su partido está “radicalmente en contra” de la operación, al considerar que si el gestor pasara a ser controlado en su mayoría por manos privadas muchos de los aeropuertos correrían un serio peligro puesto que los nuevos administradores procederían a vender los que no fueran rentables.
Pero por si fuera poco complicado el apoyo socialista per se, además el Gobierno necesita que el principal partido de la oposición le apoye para modificar una Ley pergeñada por el propio PSOE, lo que complica aún más la maniobra.
Pendientes del DORA
A precios actuales de mercado, la venta de apenas un 10% adicional de AENA reportaría al Estado unos ingresos cercanos a los 1.900 millones de euros. En su día, obtuvo algo más de 4.300 millones pero a cambio de un 49% del capital. En tal caso, la participación pública en la compañía dueña de la red de aeropuertos seguiría por encima del 40% lo que le permitiría el control efectivo de la sociedad.
Para añadirle salsa al debate, el consejo de ministros debe aprobar antes de que finalice el año el documento que articula la regulación aeroportuaria tras la privatización de AENA, el célebre DORA, que establecerá el régimen tarifario para los próximos cinco años. Actores del sector del turismo como aerolíneas y agencias de viajes se han pronunciado a favor de una bajada de tarifas de entre el 2,5% y el 3% anual. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también se ha pronunciado a favor de una rebaja superior al 2%.
Un hipotético recorte tarifario afectaría a la cuenta de resultados de la empresa y probablemente a su cotización bursátil, lo que también repercutiría de forma negativa en la cuantía que el Estado podría ingresar por una eventual venta de acciones de AENA.
Los próximos días serán clave para determinar en qué situación queda y con qué margen cuenta el Gobierno para lograr unos ingresos extra que se antojan fundamentales para cumplir con las exigencias de la Comisión Europea sobre las cuentas públicas.
