La gran banca se ha rifado la financiación de la venta por parte de la Generalitat de Cataluña de dos autopistas de peaje a un consorcio liderado por la entidad brasileña BTG Pactual (65%) y que cuenta con Abertis como socio (35%). Hasta cinco entidades nacionales, Santander, BBVA, La Caixa, Banesto y Banco Sabadell han acudido al proceso para firmar un préstamo a cinco años por un valor cercano a los 250 millones de euros.
En los últimos tiempos, las entidades financieras no cuentan con demasiadas oportunidades para realizar operaciones de este tipo debido a la caída de concesiones en España como consecuencia de la crisis. De ahí que esta ocasión haya sido aprovechada por las grandes entidades para apuntarse una transacción de este tipo.
La Generalitat adjudicó al consorcio Invicat la gestión de la conservación y la explotación de los túneles de Vallvidrera (Tabasa) y del Cadí y sus accesos durante 25 años por un canon total de 430 millones de euros, con un pago inicial del 72% y el 28% restante al final de la concesión.
En principio, la Generalitat declaró desierto el concurso para la privatización de la gestión de los túneles al considerar que ninguno de los potenciales adjudicatarios cumplía con las condiciones exigidas. Posteriormente, Invicat fue la única que presentó un proyecto con las condiciones requeridas y, tras una intensa negociación con el Gobierno catalán, se firmó el acuerdo.
Polémica privatización
La Generalitat mantiene la propiedad y continuará, como hasta ahora, aprobando las tarifas mientras que la gestión y la explotación de las vías de peaje corresponde al consorcio que se ha llevado el contrato.
De esta forma, el consorcio de BTG Pactual y Abertis ha tardado apenas dos meses en cerrar la financiación de la operación desde que firmó con la Generalitat el contrato de adjudicación de los dos peajes.
Precisamente, BTG Pactual también forma parte, junto con Acciona y otros inversores minoritarios, del consorcio que se adjudicó la gestión de Aguas del Ter-Llobregat, proceso que se ha visto envuelto en una maraña judicial debido a los recursos presentados por la decisión de la Generalitat y el dictamen contrato del organismo encargado de supervisar las privatizaciones en Cataluña.
