La denuncia que la Fiscalía Anticorrupción ha impuesto en la Audiencia Nacional contra Iberdrola por presuntas irregularidades en las subasta del mercado mayorista a finales de 2013 ha llegado en un momento especialmente convulso para el sector energético, especialmente en lo tocante al futuro de la nuclear, un ámbito en el que la compañía y el Gobierno mantienen posturas opuestas en varios frentes.
El proceso ha llamado la atención en el sector toda vez que se refiere a un episodio, como fue la última subasta de precios del mercado eléctrica mayorista de 2013, que generó una investigación por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que concluyó con una fuerte sanción a la compañía de 25 millones de euros al considerar probado el organismo que Iberdrola contribuyó a alterar el precios del mercado para su beneficio.
Sin embargo, el organismo supervisor no encontró indicio alguno de un delito penal pues, de lo contrario, se hubiera visto en la obligación de ponerlo de inmediato en manos de los tribunales.
Además, el protagonizado por la Fiscalía Anticorrupción no es el primer intento de llevar por la vía penal la actuación de Iberdrola en aquellos últimos días del mes de diciembre. La organización de consumidores Facua presentó, a resultas de la multa impuesta por la CNMC, una solicitud a la Fiscalía General del Estado, de la que depende Anticorrupción, para que investigara la posible comisión de un delito por parte de la compañía eléctrica.
La Fiscalía archivó una denuncia previa
La solicitud fue derivada a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Vizcaya, que optó por su archivo al considerar que la actuación de la que se acusaba a Iberdrola no se encuadraba en la acción exigida por el precepto penal.
La decisión de la Fiscalía data de febrero de 2016, hace poco más de un año. Sin embargo, la denuncia de Anticorrupción ante la Audiencia Nacional hace alusión al artículo 281 del Código Penal, el mismo al que se refirió en su día la Fiscalía para archivar la solicitud de Facua. En concreto, el texto legal establece una pena de prisión de entre uno y cinco años y multa de doce a veinticuatro meses para aquel que "detrajere del mercado materias primas o productos de primera necesidad con la intención de desabastecer un sector del mismo, de forzar una alteración de precios o de perjudicar gravemente a los consumidores".
Por entonces, la Fiscalía consideró que, en todo caso, Iberdrola no retiró energía del mercado para su beneficio, es decir, no detrajo esas materias primas o productos de primera necesidad del que habla el Código Penal, sino que sustituyó las fuentes de energía. De ahí que la presunta actuación de Iberdrola no se pueda inscribir en el ámbito de lo penal.
CNMC, un proceso aún en curso
Además, el proceso administrativo seguido contra la compañía por parte de la CNMC se encuentra aún sin cerrar, toda vez que Iberdrola interpuso un recurso contencioso-administrativo precisamente ante la Audiencia Nacional, la misma instancia que ha admitido la denuncia de Anticorrupción.
Este proceso, que incluyó registros en las sedes de Iberdrola en Madrid y Bilbao por parte de miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, llega con Iberdrola enfrascada en el debate sobre el futuro de las centrales nucleares, en el que mantiene una postura que choca con la del Gobierno. Iberdrola es partidaria de cerrar para siempre Garoña e incluso ha llevado esta opción al consejo y la junta de Nuclenor, la sociedad que controla junto a Endesa y que explota la instalación.
La compañía sostiene que el negocio nuclear no es rentable dada la carga fiscal que tiene que soportar y así lo manifestó su presidente, Ignacio Galán, en la junta de accionistas. Iberdrola también ha solicitado al Gobierno más tiempo para poder decidir si solicita o no la autorización para prolongar la vida de la central de Almaraz, mientras que el Ejecutivo quiere tener cuanto antes esas solicitudes con el fin de reforzar su apuesta por la nuclear.
