Hay dos bandos en el seno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que ya ni siquiera ocultan el enconamiento de sus posiciones y las aspiraciones de cada uno de ellos.
De un lado, los seis consejeros nombrados por el PP, encabezados por la vicepresidenta del organismo, María Fernández; del otro, el presidente, José María Marín Quemada, que mantiene una cierta afinidad con los tres consejeros no ligados al partido que aún gobierna en funciones (Idoia Zenarruzabeitia, María Ortiz y Josep María Guinart).
Hay serias sospechas en el seno del regulador de que el bando rebelde hace de correa de transmisión a nivel interno de los intereses de las grandes empresas y lobbies que operan en España, así que corre como la pólvora por los pasillos de Alcalá 47 el aviso de que hay un buzón de denuncia operativo 24 horas, que preserva el anonimato del delator, para que los técnicos o funcionarios puedan alertar sobre posibles intentos de los consejeros de influir en la elaboración de informes.
Ya ha habido varios técnicos que han acudido al buzón de denuncia para alertar sobre posibles prácticas de presión de algún consejero para influir en los informes
Al frente de este buzón está un auditor, que es el encargado de recibir la denuncia, abrir una investigación o procedimiento y en caso de detectar el intento de manipulación por parte de algún consejero, elevar el expediente al Pleno del consejo.
Aún no se ha llegado a este extremo, reconocen fuentes al tanto de la situación interna del regulador, pero sí que ha habido ya algunas denuncias por parte de técnicos que se han sentido presionados o condicionados por algún consejero.
La guerra abierta por el informe sobre la economía colaborativa (alojamientos turísticos de Airbnb, taxis privados de Uber, transporte interurbano de Blablacar…) ha levantado suspicacias sobre el grado de independencia de algunos consejeros y el respeto que estos pueden tener a las normas de buen gobierno y transparencia del regulador.
Los seis consejeros del bando rebelde han intentado reventar el informe elaborado al respecto por Antonio Maudes, el director de Promoción de la Competencia al que han querido destituir.
Hay un auditor interno de la CNMC que es el encargado de recibir las denuncias del buzón y decidir si abre o no procedimiento e investigación
El informe, auspiciado por el propio presidente Marín Quemada, defensor de la llegada de más competencia en sectores proteccionistas (taxi, empresarios hoteleros, transporte interurbano…) mediante una regulación favorable de la economía colaborativa, ha tenido que volver a consulta pública para ser reelaborado.
Marín Quemada tuvo que proteger a Maudes en el consejo de la CNMC y lo mantuvo en el cargo, frente al intento del bando rebelde de descabezarlo no sólo a él sino también a su informe sobre este nuevo tipo de economía ciudadana.
También han sido muy reacios los consejeros rebeldes a la creación de un registro de lobbies o grupos de intereses, que es voluntario, pero permite detectar qué grupos de presión de la economía española reconocen dedicarse a eso.
Algunos consejeros (García Matilla, Diego Rodríguez y la vicepresidenta, María Fernández) también se han posicionado a favor de grupos empresariales como el de las petroleras por las multas impuestas y más concretamente en contra de un informe de carburantes que era demoledor contra el oligopolio de estas compañías, su control sobre los precios de las gasolinas y la escasa competencia del sector.
Según las fuentes consultadas, la presión de estos consejeros sobre estos temas tan polémicos (sector petrolero, registro de lobbies, economía colaborativa…) no sólo se ha hecho notar en el pleno de la CNMC, sino también en los cuerpos medios del regulador, que son los que trabajan en las investigaciones y elaboración de informes, algunos de los cuales acaban en resoluciones con importantes multas.
