Pocas fechas antes de producirse el fallo del Tribunal Supremo ratificando la decisión de la Audiencia Nacional que anulaba el ERE de Coca-Cola Iberian Partners (CCIP) las sensaciones dentro de la empresa no eran del todo malas. El informe del fiscal de la sección social del Tribunal Supremo, que ya obraba en manos de los responsables de la compañía, apostaba por desestimar el recurso de CCIP pero también contenía argumentos muy relevantes a favor de Coca-Cola y de su embotelladora española. Con estos argumentos se esperaba un fallo comprensivo con la posición de la empresa.
En este informe, al que ha tenido acceso Vozpópuli, se hace un análisis pormenorizado sobre el ERE que diseñó Equipo Económico, la consultora fundada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Y se dan argumentos en contra de la sentencia de la AN que declaró nulo el despido colectivo por primera vez. Estos argumentos, sin embargo, no han cambiado el sentido de la sentencia del Supremo, que ha ratificado a la Audiencia. Aunque no es lo más habitual que una sentencia se pronuncie en contra del informe del fiscal, existen casos de sobra para reconocer que tampoco es un caso extraordinario. Todo se tiene en cuenta, y este informe también. En cualquier caso, el éxito de la postura de los sindicatos ha sido notorio, y ahora Coca-Cola tendrá que ver cómo integra en su organización a este grupo de trabajadores, muchos de los cuales han librado una guerra sin cuartel contra la compañía, promoviendo boicots que han tenido cierto éxito.
Estos son algunos de los puntos a favor de Coca-Cola que el fiscal analizaba.
- Es desproporcionado anular el ERE por alterar las rutas de distribución. El argumento principal para anular el ERE, como es que la empresa alteró las rutas de distribución, es desproporcionado según el fiscal, que considera que Coca-Cola sólo las alteró cuando "se produjo la rotura del stock existente el 20.2.2014", es decir una vez que los huelguistas provocaron dicho bloqueo. Por ello, considera que "la anulación del despido colectivo por esta causa es desproporcionada, al atribuir el resultado de la nulidad de todo el despido colectivo a una conducta posterior a la finalización del periodo de consultas" en el que los trabajadores podían apuntarse voluntariamente a los despidos.
- Los despidos en Fuenlabrada no fueron venganza por las movilizaciones. Otro de los puntos que apuntaba la sentencia de la AN, según el fiscal, es que "fue la convocatoria de huelga indefinida y su efectivo seguimiento lo que generó el radical cambio en la postura empresarial" al enfrentarse con los trabajadores de Fuenlabrada. Sin embargo, el fiscal refuta esa idea al decir que "la huelga de los trabajadores de Fuenlabrada durante el periodo de consultas en nada afectó a la decisión empresarial de cerrar dicho centro, dado que su cierre estaba planeado desde el inicio". No hubo, según el fiscal, reacción de represalia de CCIP contra los sindicatos.
- La integración de CCIP no se hizo con mala fe. CCIP comienza a funcionar de forma unificada más o menos a partir de junio de 2013. Los representantes de los trabajadores adujeron que en la integración se les había negado parte de la información para favorecer a la empresa. En todas las argumentaciones legales en contra del ERE, los trabajadores se remontan a la constitución de CCIP alegando un plan premeditado. El fiscal no lo ve así: "una cosa es que el proceso de integración se haya llevado de manera defectuosa y poco clara, desde el punto de vista del derecho laboral y otra bien distinta que por estas circunstancias tuviera como finalidad posibilitar el posterior proceso de despido colectivo".
- La sentencia no debería enjuiciar la gestión empresarial de Coca-Cola. Se recuerda que el reparto de la producción entre las fábricas depende de la demanda. Sin embargo, aquí el fiscal sí da la razón a los representantes de los trabajadores al reconocer que debieron ser informados de los planes de cierre de fábricas de la empresa con anterioridad a la presentación del ERE. Eso hubiera permitido "evitar o reducir los despidos y sus efectos".
La situación que queda ahora mismo, en la que se ordena el reintegro de los trabajadores, no es fácil. La fábrica del polígono en la ciudad del sur de Madrid no está operativa, y los líderes sindicales carismáticos que han llevado a la victoria -como el candidato de IU por Fuenlabrada Juan Carlos Asenjo- siguen insistiendo en su apertura.
