El tiempo está demostrando que los problemas de Electricaribe, filial colombiana de Gas Natural Fenosa que fue intervenida hace un mes por el Gobierno local, no eran precisamente de gestión. Pese a que el Ejecutivo tomó el control de la empresa, la situación de ésta apenas ha variado, hasta el punto de que han vuelto a registrarse impagos de la energía que adquiere para su posterior distribución, lo que genera riesgos de apagones en la zona donde opera.
Fueron precisamente esos riesgos los que llevaron al Ejecutivo colombiano a tomar la decisión de intervenir Electricaribe y apartar al grupo español de su gestión. Durante los últimos meses, el Gobierno local acusó a Gas Natural de haber incumplido sus compromisos de inversiones en la zona, circunstancia que la compañía achacaba a los problemas de liquidez derivados del masivo impago de las facturas y del continuado fraude en el consumo eléctrico. Ahora, después de un mes de gestión, el Ejecutivo colombiano no ha tenido más remedio que asumir este escenario.
De hecho, la Superintendencia de Servicios Públicos ha hecho en las últimas horas un llamamiento a los clientes de Electricaribe para que abonen sus facturas. E incluso, ha amenazado con llevar a cabo racionamientos de energía si no cumplen con sus obligaciones.
La prensa local se hace eco en estos días del balance de la intervención de Electrocaribe, cuando se cumple un mes de la misma. La principal conclusión de la Administración colombiana es que combatir el fraude y procurar que los clientes paguen sus recibos son dos elementos claves para la recuperación de la empresa.
Los argumentos de Gas Natural
Precisamente, los dos elementos en los que más hacía hincapié Gas Natural y que le llevaron a invocar el Acuerdo para la Promoción y Protección recíproca de inversiones entre Colombia y España, con el fin de abrir un periodo de negociación para tratar de resolver la controversia. La intervención llegó a dos meses para que finalizara el plazo de seis meses previsto en el citado acuerdo.
Un aspecto sintomático de la situación de Electricaribe es el referido al proceso que puso en marcha, tras ser intervenida por el Gobierno, para comprar energía con vistas al próximo año. El objetivo era alcanzar los 4.800 megavatios pero tan sólo pudieron adjudicar 2.700 debido a la falta de oferta, una circunstancia provocada por los reiterados impagos en los que ha incurrido Electricaribe en los últimos meses.
Después de tomar el control de la empresa, el Gobierno colombiano aseguró que en apenas una semana tendría un diagnóstico sobre los males de Electricaribe para ponerse a trabajar de inmediato en solventarlos. Tras un mes en esta situación, aún no hay tal diagnóstico pero sí un llamamiento urgente a solventar los problemas que Gas Natural, que aún mantiene la participación del 85% que poseía en la empresa, venía denunciando.
La intervención de Electricaribe se extenderá por un plazo mínimo de dos meses más. Mientras el Gobierno colombiano busca soluciones para el futuro de la compañía (incluso ha tanteado a algunas empresas locales para que se la queden), la compañía española espera a que a mediados de enero venza el plazo para negociar. A partir entonces, podrá presentar una denuncia ante el Ciadi, el tribunal internacional de arbitraje auspiciado por el Banco Mundial.
