La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado una investigación contra DKV por "eliminar unilateralmente las coberturas por riesgo de incapacidad temporal en las pólizas de los autónomos". De acuerdo con la CNMC, "comunicó por carta a este grupo de asegurados la obligación de aceptar los cambios supuestamente exigidos por la normativa vigente o, en caso contrario, les rescindiría la póliza". Lo llamativo del asunto es que el resultado de esta decisión de DKV, tal como aseguran a Vozpópuli fuentes de la aseguradora, supuso la pérdida de medio millón de euros para la entidad.
La declaración del estado de alarma obligó a cerrar a todos aquellos locales o comercios que no fueran considerados "esenciales". En tales circunstancias, la aseguradora DKV se puso en contacto con 2.900 de los 30.000 mutualistas que tienen contratado el producto DKV Renta, que incluye la cobertura por incapacidad laboral. Estas 2.900 personas son aquellas "que iban a dejar de trabajar por el estado de alarma", explican desde la aseguradora.
DKV ofreció a estos asegurados la suspensión temporal de la cobertura por incapacidad laboral, "ya que iban a pagar por una cobertura que legalmente no pueden disfrutar. Decidimos, por tanto, suspenderla y no cobrársela". Durante la suspensión de la cobertura, estos asegurados no pagaron dicha póliza, lo que supuso una pérdida de medio millón de euros para la aseguradora.
"Es un gesto que quisimos tener con nuestros clientes. No tiene sentido que, si no puedes trabajar, pagues una cobertura por incapacidad laboral. No recibimos ninguna queja u oposición. Al contrario, los autónomos nos felicitaron", explican desde DKV, desde donde aseguran estar "estupefactos" por la noticia.
La CNMC percibe "una distorsión de competencia"
La CNMC, en cambio, afirma en un comunicado emitido esta misma semana que "el envío de una carta a algunos de sus asegurados a través de la que les comunicaba la citada eliminación y la necesidad de aceptar dicho cambio exigido por la normativa vigente, no pudiendo mantener la póliza en vigor en caso contrario" puede ser considerado como un acto "alejado de la buena fe exigida a las empresas".
Además, considera que "podría haber inducido al engaño a los destinatarios de la citada carta, ya que alegaba una exigencia normativa para llevar a cabo el cambio en la póliza. Todo ello podría constituir un acto de competencia desleal tipificado en el artículo 3 de la LDC, en relación con los artículos 4 y 5 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD)".
La comisión, que continuará investigando en los próximos meses, percibe "una distorsión de las condiciones de competencia en el mercado y una alteración del comportamiento económico de los clientes afectados a la hora de aceptar las modificaciones de sus pólizas de seguros de baja laboral".
