España sigue acumulando condenas por los recortes a la retribución de las energías renovables. Esta vez, ha sido una empresa alemana la que ha recibido un laudo favorable en los tribunales de arbitraje, que obliga al Estado a pagar otros 30 millones de euros.
En concreto, se trata de la compañía Steag, con sede en Essen. Es una de las muchas firmas que han pleiteado contra el Gobierno, por el cambio del marco retributivo aprobado durante el mandato de Mariajo Rajoy. Steag reclamó al Estado español un pago de 79 millones de euros. El arbitraje echó a andar en 2015 y llegó a su fin en 2021, con una decisión que reconoció una indemnización cercana a los 30 millones.
Al igual que en otros casos, el Ejecutivo español optó por plantar cara en los tribunales, alargando tres años la resolución final de este proceso. Finalmente, este lunes, Moncloa fue notificada la decisión final del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Los árbitros del conflicto obligan al Estado a indemnizar a la compañía de energías renovables alemana. El CIADI ha ordenado el pago de 30 millones de euros como compensación por las pérdidas derivadas de los cambios regulatorios y fiscales que se adoptaron entre 2010 y 2014.
La batalla de las renovables en EEUU
La nueva resolución se produce pocos días después de que la Justicia estadounidense autorizada el embargo de bienes y activos del Reino de España, también en compensación por los impagos que están sufriendo las empresas afectadas. La deuda total está cifrada en más de 1.882 millones de euros y tiene que ver con 25 pagos pendientes. En ese monto están incluidas indemnizaciones, intereses de demora, condenas en costas, y honorarios de consultores y abogados reclutados por el Gobierno español.
Además, a lo largo del verano se comunicaron nuevas medidas de embargo autorizadas por la justicia belga, que ha intervenido los pagos de Eurocontrol a Enaire a instancias de una de las compañías afectadas por los impagos.
Embargos ordenados
El bloqueo a los ingresos de Enaire es un ejemplo más de los embargos que distintos países vienen ordenando por los laudos de las renovables. El año pasado, el Tribunal Supremo de Londres decretó el embargo provisional de varios inmuebles, entre ellos, la sede del Instituto Cervantes o el edificio histórico que alberga la Escuela Internacional Vicente Cañada.
En Reino Unido también está 'congelado' un activo financiero de 925 millones de euros ligado a las indemnizaciones del Prestige. Fuera de las islas británicas, pende una amenaza real de embargo sobre activos de Navantia en Australia. Y la Justicia estadounidense acaba de abrir las puertas para que otros activos estatales sigan el mismo camino.
Los abogados contratados por las empresas afectadas han identificado ya una cartera de bienes embargables valorada en casi 5.000 millones. Están repartidos por todo el mundo y entre ellos hay activos inmobiliarios y cuentas corrientes.
