Han pasado casi cinco meses desde que el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Madrid y la promotora Distrito Castellana Norte (DCN, participada mayoritariamente por BBVA, con el apoyo de Grupo San José) anunciaron el principio de acuerdo al que habían llegado para desbloquear definitivamente el desarrollo urbanístico del norte de Madrid, la celebérrima y eterna ‘operación Chamartín’. Fruto de ese pacto, el Consistorio de la capital, que consiguió en las negociaciones que el proyecto pasara a ser de iniciativa pública, trabaja ya en la redacción del nuevo plan que hará posible el ansiado inicio de las obras, casi un cuarto de siglo después de su planteamiento. "A día de hoy, todo depende del Ayuntamiento", apunta el presidente de DCN, Antonio Béjar.
El ejecutivo aprovechó un encuentro con periodistas con motivo de las fiestas para hacer un balance de la situación en el que primó el optimismo. "El año 2018 va a ser nuestro año, en el que por fin se ponga en marcha la operación", apuntó para recalcar posteriormente la importancia de haber logrado un acuerdo de índole política. "El consenso es claro y, a partir de él, sólo tenemos que ocuparnos de hacer ciudad. Porque éste es un proyecto para hacer ciudad".
No obstante, el presidente de DCN no es ajeno a la circunstancia de que los plazos son fundamentales en este proyecto, debido a los dilatados trámites burocráticos que conlleva. "La fecha marcada es la de enero de 2018. Somos conscientes de que ya la tenemos encima; pero el proyecto es muy complejo. Nosotros estamos colaborando en todo lo que nos piden. Pero es el Ayuntamiento el que tiene que presentar el plan".
La importancia de los plazos radica en que el plan debe recibir una doble aprobación por parte de la corporación municipal. Una primera, provisional, que dará lugar a un extenso periodo de audiencia pública para recoger las alegaciones de los ciudadanos, que podrán ser incorporadas al proyecto; y una segunda, ya definitiva, una vez transcurridos los trámites anteriores.
La complejidad de un proyecto sin precedentes
Aún así, todavía haría falta el visto bueno de la Comunidad de Madrid, sin el que la operación Chamartín, ahora denominada "Madrid, nuevo Norte" tras su enésimo rebautizo, no sería posible. La complejidad del acuerdo alcanzado en el entorno político hace más que recomendable que todas estas actuaciones tengan lugar dentro de la presente legislatura municipal y autonómica, que vence en mayo de 2019. A partir de entonces, el resultado de los comicios podría volver a complicar el escenario.
De ahí lo ajustado del calendario, aunque el horizonte actual de 18 meses parezca tan amplio. Tras intensos meses de conversaciones, acercamientos y alejamientos, negociaciones a todos los niveles, el Ayuntamiento de Madrid consiguió que la operación pasara a ser de iniciativa pública, con el objetivo de manejar los tiempos, los plazos y las prioridades de los diferentes hitos del proyecto. Sin embargo, esta circunstancia también implica tener que ocuparse de la compleja redacción del nuevo plan.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se ha convertido en una entusiasta del desarrollo, tras haber logrado que el Ayuntamiento tumbara su anterior planteamiento. La voluntad política existe y es innegable. Las dudas provienen de la premura de tiempo y del hecho de ser un proyecto sin precedentes.
