Todo parecía ir bien encarrilado para que Advent, el primer accionista de Maxam, fuera preparando las maletas para abandonar el grupo español de explosivos con fuertes plusvalías. Todo listo para que entre 2017 y 2018 la sociedad de capital riesgo estadounidense pusiera su participación en la multinacional española a la venta, ya fuera a través de una salida a Bolsa o traspasando su participación a otra sociedad de inversión. Pero el caso Defex se ha cruzado en el camino de los planes de Advent y del consejo de administración de Maxam, en el que se sientan viejos conocidos de la empresa y las finanzas españolas.
Una historia que debía haber finalizado como una inversión de libro del gran capital riesgo estadounidense y con ilustres apellidos como los Sánchez Junco, Eguidazu o Bergareche más contentos que unas castañuelas tras haber convertido a Maxam en uno de los líderes mundiales de la industria de explosivos, se ha visto empañada por uno de los más turbios casos de presunta corrupción ocurridos en la España del siglo XXI.
Advent adquirió el 49% de Maxam en el año 2011 comprando las participaciones que entonces tenían las firmas españolas de capital riesgo Vista Capital y Portobello. Desde entonces Maxam ha impulsado su presencia en el exterior y ha elevado su cifra de negocio, hasta superar los 1.000 millones de euros en ingresos. El pasado mes de octubre la compañía emitió hasta 100 millones de euros en pagarés e hizo públicas las cuentas de su último ejercicio, finalizado en marzo de 2016: los ingresos ascendieron a 1.051,4 millones; el beneficio, 26,2 millones: la deuda financiera, 458 millones. Cifras ya de una multinacional con visos de convertirse en cotizada. Con los mercados bursátiles de nuevo en ebullición, la economía española recuperándose… momento perfecto para que Advent colocara su 45% actual en Maxam.
Defex actuó como una organización criminal, según un informe de la Guardia Civil
Pero un escandaloso caso de corrupción que se venía cocinando al menos desde 2008, que fue judicializado en 2012, y que recientemente ha terminado por desembocar en una medida inédita en la Administración española, tiñen de incertidumbres los planes de desinversión de Advent en Maxam.
“El Consejo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, en su reunión ordinaria de este viernes, ha acordado solicitar al Consejo de Ministros autorización para la disolución voluntaria de Defex”, informó el pasado 28 de abril la Sepi. A través de un comunicado, el organismo público explicó que la decisión de desmantelar la empresa dedicada a la exportación de material de defensa, se había tomado “después de analizar la situación de Defex y constatar las dificultades de la compañía para operar en el mercado como consecuencia del daño reputacional sufrido y las medidas cautelares impuestas en la investigación judicial impulsada por el Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional”.
Se trata de una decisión prácticamente sin precedentes en la Administración pública española: como será el daño reputacional sufrido por Defex que el Estado ha optado por liquidarla, a pesar de que casi todos los ejercicios generaba beneficios, y que fue constituida hace más de 40 años (en 1972).
Defex y Mercasa han empleado al mismo intermediario en Angola, el prófugo Guilherme Taveira
La Sepi es el primer accionista de Defex, con el 51% del capital. El resto está en manos de empresas españolas relacionadas con el armamento siendo Maxam su primer accionista privado. La compañía de explosivos controla el 10,89% de Defex a través de MaxamCorp Holding Assets & Services, y otro 10,89% a través de su filial Explosivos Alaveses (Expal), en total el 21,78%. Los otros accionistas son Instalaza, con el 10,89%; Plasencia de Armas, con el 8,17%; y Alfa Lan, con el 8,16%. Todo saltó por los aires en 2012.
Ese año Luxemburgo alertó a las autoridades españolas de que había encontrado una transferencia de 41,4 millones de euros emitida desde una empresa conjunta en la que participaba Defex –la UTE Defex-Cueto- sin aparente explicación empresarial. La alerta luxemburguesa dio comienzo a la conocida como Operación Ágora, la investigación de la Audiencia Nacional sobre Defex, dirigida entonces por el juez Pablo Ruz.
En el verano de 2014, en el marco de la Operación Ágora , fueron detenidos cinco personas, entre ellos altos cargos de Defex. El juez Ruz sostenía la existencia de fraude en un contrato por importe de 153 millones de euros para la venta de armamento a la policía angoleña.
Un informe de la Unidad contra el Crimen Organizado (UCO) de la Guardia Civil conocido en octubre de 2015 concluía que Defex había actuado como una organización criminal en la consecución de contratos con terceros países. La investigación judicial sobre Defex, liderada ahora por el magistrado José de la Mata, sigue su curso, extendiéndose la trama a varios países (Brasil, Angola, Camerún, Arabia Saudí, Egipto).
El último capítulo conocido del caso Defex ha sido su relación con la Operación Lezo, que investiga supuesto fraude en operaciones en el exterior de Canal de Isabel II y que ha llevado a prisión al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y a su hermano, Pablo González. Tanto Defex como Mercasa –la empresa que gestiona los mercados de abastos y que también está participada por Sepi, en la que Pablo González era directivo- contrataron como intermediario para operaciones en Angola al ciudadano portugués Guilherme Taveira, prófugo de la justicia española desde que fuera imputado por el caso Defex.
Sanción de Hacienda de 8 millones
Maxam no ha querido ampliar la información a este diario sobre lo ocurrido. El grupo de explosivos únicamente confirma su participación actual del 21,78% en el capital de Defex. Tampoco Advent, el resto de accionistas de Defex, o los consejeros de Maxam con los que ha tratado de contactar Vozpópuli han ofrecido más información. Un caso judicializado como este en el que se ven salpicados las más altas esferas del Estado español –en el consejo de administración de Defex están representados el Ministerio de Hacienda, el de Asuntos Exteriores, el de Economía, y el de Defensa-, y también conocidos nombres de las finanzas y la empresa española, obliga prudencia.
Pero es lícito plantearse de qué manera el caso Defex afecta a Maxam y a los planes corporativos de sus accionistas y consejeros. Si el daño reputacional sufrido por Defex es de tal calibre que se ha decidido su liquidación, ¿ninguna responsabilidad sobre el caso tienen Maxam y sus consejeros? Por otra parte, Maxam ha logrado una elevada cifra de negocio y registrar beneficios, pero a costa de una ingente presencia en el exterior y de ajustar los márgenes todo lo posible, hasta el punto de que la más mínima desviación de negocio pone en peligro la consecución de beneficios anuales. Dejar de contar con el 21,78% de Defex, ¿no tiene ningún impacto en sus cuentas?
Aunque el caso Defex se hizo público en 2014 con la detención de su cúpula, las cuentas presentadas en el Registro Mercantil por las sociedades de Maxam accionistas de la compañía pública española, a las que ha accedido Vozpópuli a través de Insight View, no hacen referencia alguna al turbio asunto. El auditor de las cuentas de MaxamCorp. y de Expal, la consultora PwC, no apunta salvedad o párrafo de énfasis al respecto.
Expal disparó sus ingresos en 2016 hasta los 206 millones de euros
Al cierre del ejercicio terminado en marzo de 2016, MaxamCorp Holding Assets & Services apunta en sus cuentas que el valor total del patrimonio neto por el 10,89% de Defex es de 21,4 millones de euros. También aparece una anotación de dividendos percibidos por Defex en el año 2015 de 436.000 euros. El presidente de la compañía es José María Sánchez Junco, presidente también de la matriz, Maxam.
En el ejercicio terminado también en marzo de 2016, Expal, la otra sociedad de Maxam a través de la cual posee otro 10,89% de Defex, logró disparar sus ingresos hasta los 206,3 millones de euros (60 millones más que un año antes), ganando 14 millones de euros. Las cuentas no hacen referencia alguna a su participación en la empresa pública. Entre los consejeros de Expal figuran el exconsejero delegado de Iberia, Ángel Mullor; el presidente de Advent en España, Juan Díaz-Laviada; o el almirante Francisco José Torrente Sánchez, nombrado Secretario General de Política de Defensa por el ministro José Bono en 2004, uno de los militares con más poder de los últimos años y que se retiró en 2007 pasando a presidir Expal.
Defex sí que hace referencia en sus últimas cuentas, del ejercicio 2015, al caso que ha provocado su desmantelamiento. La compañía explica que en julio de 2014 tuvo conocimiento de que la sociedad, su expresidente y miembros de su equipo directivo “eran imputados por supuestos delitos relacionados con un contrato de suministro de equipos para policía y formación de la misma acordado con el Ministerio de Interior de la República de Angola”. El contrato fue ejecutado entre 2008 y 2009 por la UTE Defex-Cueto. Defex además explica en sus últimas cuentas que esta UTE fue sancionada por la Agencia Tributaria en el año 2014 con una multa de 8 millones de euros.
