Se multiplican los frentes legales para Banco Santander por la compra del Popular. La entidad presidida por Ana Botín ha recibido en los últimos días una demanda por presunto enriquecimiento ilícito en la operación cerrada en junio de 2017.
La demanda llega de manos de una jubilada de 80 años representada por el bufete Jausas y su experto penal, Jordi Ruiz de Villa. Este despacho representa a afectados por la resolución del Popular con pérdidas por valor de 110 millones.
La demanda alega que el precio pagado por Banco Santander era "desproporcionadamente bajo porque el Banco Popular era y es un banco solvente, que, si se vio afectado por un proceso de resolución, fue por un problema de liquidez, no de solvencia".
Valoraciones
Según la demanda presentada por Jausas, el valor real del Popular se encuentra en el entorno de 4.500 millones de euros, 6.500 millones por encima de los -2.000 millones por los que se quedó esta filial Santander.
"Cuando al amparo de situaciones convulsas se pretende que un banco se beneficie con miles de millones de euros empobreciendo a más de 300.000 familias, el derecho tiene que reaccionar e indemnizar a los afectados por el empobrecimiento que han sufrido", señala Ruiz de Villa.
Santander está recibiendo distintas demandas por la compra del Popular, tanto en la Audiencia (recursos administrativos) como en tribunales civiles. La entidad lanzó una oferta para minimizar las demandas, que aceptaron un 78% de los destinatarios.
