Endesa tendrá que esperar para llevar a cabo la macroampliación de capital (valorada en hasta 6.500 millones de euros) que anunció el pasado 26 de julio para su filial chilena, Enersis, y que tenía previsto someter a la aprobación de los accionistas de esa empresa en una junta prevista para el próximo 13 de septiembre que, de momento, se ha desconvocado hasta nuevo aviso.
El motivo son las reticencias del regulador bursátil chileno, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), que ha determinado, como pedían seis fondos de pensiones accionistas de Enersis, que existe un "evidente" conflicto de interés en la operación planteada por Endesa, el accionista mayoritario (60%).
La eléctrica, controlada por la italiana Enel, valoró la parte que aportaba en la ampliación, sus activos en Latinoamérica, en casi 4.000 millones de euros tras la tasación de un experto "independiente", el académico chileno Eduardo Walker. Pero los accionistas minoritarios, básicamente, fondos de pensiones que tendrán que aportar dinero en metálico para que su participación (13%) no se diluya, consideran excesivo el valor que Endesa ha otorgado a esos activos. La opinión de esos fondos, conocidos como AFP (que gestionan los ahorros de unos 9,5 millones de chilenos) se resume en una carta remitida a sus partícipes por uno de esos fondos, AFP Capital (que controla un 2,8% de Enersis) tras anunciarse la ampliación para rechazar "enérgicamente" la operación.
"Los accionistas minoritarios deberemos concurrir al aumento de capital aportando solamente recursos frescos, en tanto, el controlador [Endesa] aportará activos cuya valorización hemos cuestionado", decía AFP Capital, que relacionaba la operación con la elevada deuda de Enel (propietaria de Endesa) y sugería la posibilidad de que los fondos obtenidos permanezcan “como caja en el balance de Enersis a una baja tasa de interés, permitiendo a Enel mostrar un menor nivel de endeudamiento”.
La fecha de la junta que deberá aprobar la ampliación podría fijarse el próximo día 22 o una semana más tarde
Pese a los esfuerzos de su presidente, Borja Prado, Endesa se ha visto obligada a ceder, por lo que un nuevo tasador independiente nombrado por los minoritarios valorará los activos y el directorio de Enersis deberá fijar una nueva fecha para la junta, bien en una reunión prevista para el próximo día 22, bien una semana después.
Uno de los activos cuyo valor está en discusión es Edesur, la filial argentina de Endesa, que lleva desde el pasado 12 de julio intervenida por el Estado, a través de la figura de un “veedor” que supervisa todas sus operaciones, por los impagos a proveedores. Endesa (que ha recurrido la imposición del citado veedor) atribuye la mala situación financiera de Edesur a la regulación local, que no le permite cubrir los costes.
Endesa, que asegura que con la ampliación de Enersis pretende eliminar duplicidades y aglutinar en esta empresa todo su negocio en Latinoamérica, afronta un problema adicional en un ambiente político agitado (Chile celebra elecciones municipales en octubre y presidenciales en noviembre de 2013): la propuesta, por parte de un grupo de senadores, para modificar la Ley de Sociedades Anónimas de Chile por la cual una aportación de capital de bienes no dinerarios (como la que ha planteado Endesa) necesite del visto bueno de la mayoría de accionistas minoritarios.
La propuesta se votará el próximo martes en el Senado y, si sale adelante, podría refrendarse el jueves en el Congreso, según los cálculos de la senadora izquierdista Ximena Rincón, una de sus impulsoras. “El objetivo es que esté en vigor a finales de agosto”, explica a este diario Rincón, que atribuye el revuelo que ha generado la operación de Endesa en Chile al reciente escándalo vivido por los deudores del grupo de distribución La Polar, el mayor en la historia financiera del país.
