El Gobierno sigue intentando atajar el problema del déficit tarifario a golpe de Real Decreto-Ley. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un conjunto de medidas para "evitar un nuevo incremento en la factura eléctrica", según ha explicado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que implica un drástico cambio del sistema de retribución de los promotores de electricidad en el denominado régimen especial (donde están las energías renovables) y un recorte de las primas. La vía elegida ha sido un Real Decreto-Ley con medidas urgentes para el sector eléctrico, el cuarto relacionado con este sector desde que José Manuel Soria es ministro.
Entre otras novedades, la norma altera un decreto de 2007 que hasta ahora permitía a los promotores acogerse a dos modalidades de retribución: una tarifa regulada fija que ya incorporaba la prima o el cobro del precio de mercado eléctrico diario (el llamado pool) más la prima, que solía ser la opción predilecta de las empresas cuando subían los precios en esa bolsa mayorista.
A partir de ahora, quien acuda al mercado sólo cobrará el precio que marque el pool, sin prima, por lo que es previsible que la mayoría de promotores se decanten por esa tarifa fija. El ahorro de costes del sistema previsto será de entre 250 y 500 millones de euros, en función de cuántos promotores acudan a la tarifa o al mercado, según ha explicado el ministro.
La medida, que persigue el "interés general", ha dicho Soria, supone un golpe para los promotores de energía eólica y termosolar (el 90% optaba por la opción de mercado+prima), que ya no podrán repercutir de forma alguna el impuestazo al sector vigente desde el mes pasado. La fotovoltaica ya tiene una tarifa fija, por lo que no le afecta.
El Real Decreto Ley también modifica el sistema de actualización anual de costes regulados (transporte, distribución y régimen especial) vigente hasta ahora. En lugar de estar ligado al IPC general, se sustituye esa referencia por un mecanismo vinculado a la inflación subyacente (excluyendo energía y alimentos). El ahorro total de costes oscila entre 330 y 340 millones de euros anuales. En el caso de las tecnologías del régimen especial, supone un recorte de costes de unos 37 millones, ha explicado Soria, que ha cifrado el impacto total de las medidas anunciadas entre 600 y 800 millones.
Además, el Gobierno ha remitido al Consejo de Estado un proyecto de ley de crédito extraordinario por importe de 2.200 millones, que de utilizarse puede acabar afectando al déficit público, para hacer frente a los desfases que puedan aparecer en el importe de las primas a las renovables a lo largo de este ejercicio. "Esta cantidad se integraría en el sistema eléctrico a medida que sea necesario para financiar estos costes", según el Gobierno.
Para justificar la urgencia de las medidas, la vicepresidenta ha recordado el “incremento creciente” de los costes del sistema eléctrico en los últimos meses, paralelo a una reducción de los ingresos como consecuencia de la caída de la demanda. De no haberse tomado esas medidas, habría sido necesaria una nueva subida de la factura, ha explicado Sáenz de Santamaría.
