“Han pasado 39 años, y haciendo balance, la excesiva legislación y la complejidad normativa que desde hace décadas se está generando en esta España de las autonomías no ha hecho precisamente fácil la vida a los autónomos", afirmaba esta semana en el Congreso el presidente de la Asociación Española de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor. "Sólo el año pasado se generaron más de 700.000 páginas normativas en los boletines y diarios oficiales autonómicos. Esto es inasumible en aras de darle facilidades a los autónomos para desarrollar sus negocios”.
El testimonio de Amor es una nueva llamada de atención al Gobierno sobre el "actual exceso de carga administrativa", alertando del incumplimiento del artículo de la Ley de Emprendimiento que preveía que toda nueva legislación se compensaría con la eliminación de otra. Para los emprendedores españoles, lo anterior se traduce en "trabas" ya incluso en el mismo inicio de la empresa.
Lentitud para abrir un negocio
Según datos de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD), el tiempo medio que tarda alguien en España en poder dar de alta una empresa en España es de 13 días (el puesto 85 de 190 países). Semejante duración sitúa a nuestro país en una situación muy mejorable si se la compara con la media de los países de la OECD (8,3 días) y de países del entorno como Alemania (donde se tarda 10,6 días), Italia (6,7 días) y, sobre todo, Francia, donde la media de días necesarios es de apenas 3,5.
De acuerdo al mismo informe, un empresario español ha de enfrentarse a siete procesos de papeleo, cuyo coste total equivale al 4,8% del ingreso medio por habitante, siendo necesario un capital mínimo en el entorno del 12,5% de ese ingreso per cápita. En Francia, el empresario debe enfrentarse a cinco procesos con un coste del 0,7% del ingreso medio por habitante y sin necesidad de un capital mínimo.
"La carga administrativa y la complejidad por los diferentes tipos de regulaciones entre Estado, comunidades autónomas y provincias, son el principal motivo de las demoras y las trabas al emprendimiento en España, aunque también es verdad que el acceso a financiación en el inicio a través de bancos o vía fondos de inversión privado, capital riesgo, crowdfunding o ángeles inversores, sigue siendo complicado en comparación a lo que sucede por ejemplo en Francia", afirma Carlos Sánchez, gestor general de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE). "La reforma laboral francesa ha sido asimismo mucho más ambiciosa que la española y eso también permite entender porque allí se va mucho más rápido desde el inicio. Aquí, en suma, la carga administrativa es probablemente de las más elevadas de Europa", insiste Sánchez.
92 "cargas administrativas" desechables
Su organización, que recoge también las reivindicaciones de Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas (CEPYME) y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), estima que hoy existen hasta 92 "cargas administrativas" que son meros "enlaces a otros puntos o ampliaciones de otras regulaciones" y cuya simple eliminación supondría a bote pronto a las empresas un ahorro de "más de 500 millones de euros" en recursos de empresas destinados "a entender la Ley".
El propio Sánchez cita un ejemplo de posible mejora precisamente a la hora de iniciar la creación de una empresa: unificar la solicitud de licencias entre administraciones. "A la hora de montar una empresa tienes que presentar un CIF (Código de Identificación Fiscal, que lleva tres días generarse) al Ayuntamiento, a la Comunidad Autónoma y al Estado, es decir, tienes que hacer trámites con tres administraciones distintas...si unas administraciones tendrán que reportar a las otras, ¿por qué no permitir que el emprendedor presente el CIF solo a una y pueda ya empezar a montar la empresa?".
Sánchez remarca que las trabas a la hora de dar de alta una empresa son la punta de un iceberg, tal y como lo reflejan también las reivindicaciones de los autónomos. “Entre otras cosas, las administraciones deberían estar obligadas a contestar a los ciudadanos en un máximo de 60 días. No es de recibo que si a requerimientos de las administraciones los autónomos deben subsanar errores o presentar documentación en 15 días, que estos mismos ciudadanos no puedan seguir adelante con sus negocios por falta de resolución pública”, afirmaba Lorenzo Amor en su intervención en el Congreso, denunciando casos de solicitudes de permisos con demoras de hasta seis meses por parte de la Administración y reclamando, al igual que las demás asociaciones empresariales, una "armonización fiscal" en el conjunto del territorio español.
"Hay impuestos de diseño en cada comunidad autónoma. Reducir la disparidad es imprescindible”, incidía Amor. “La unidad de mercado debe avanzar y ser una realidad. Un mismo servicio requiere diferentes trámites dependiendo de la Comunidad autónoma. Las tasas, etiquetado, trámites son distintos. Es un retraso tremendo", remarcaba, citando como ejemplo la "incoherencia" que supone tener una tarjeta sanitaria emitida por cada comunidad y que sólo es válida en esa comunidad. “En el mundo de la digitalización y las tecnologías de la información y comunicación servicios tan básicos deberían estar unificados”.
