La polémica rodea la adjudicación de la línea 2 del metro de Panamá al consorcio formado por FCC y la brasileña Odebrecht después de que Panamametro, uno de los grupos que aspiraba a hacerse con el contrato, presentara una reclamación por presuntas irregularidades. Para tal fin, el consorcio, compuesto por empresas chinas y la española Isolux-Corsán, ha contratado los servicios del despacho Icaza, González-Ruiz y Alemán, el mismo que, en su día, asesoró a Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular, para confeccionar su entramado societario en paraísos fiscales.
Como informó Vozpópuli, Bárcenas conformó un entramado societario para ocultar su fortuna en Suiza, en el que Panamá era un referente fundamental. En el país centroamericano, el extesorero del PP creó la instrumental National Founders para inscribir la Fundación Sinequanon, con la que abrió la ya célebre cuenta en el Dresdner Bank. En esta cuenta, Bárcenas llegó a gestionar más de 22 millones de euros.
El despacho se promocionaba como una entidad especialista en operar en paraísos fiscales y en crear para sus clientes “estructuras de riesgo nulo de bancarrota, incluyendo fideicomisos, sociedades, fundaciones de interés privado, compañías de responsabilidad limitada y en comandita”.
La reclamación ha paralizado por ahora el proceso de adjudicación del contrato para la construcción de la línea 2 del metro de Ciudad de Panamá, valorado en algo más de 1.600 M.
En Panamá, la controversia ha llegado por la vinculación con este despacho de Álvaro Alemán, actual ministro de la Presidencia del país centroamericano, aunque diversas informaciones publicadas por la prensa local apuntan a el alto cargo del Ejecutivo ya no está vinculado con el despacho y que, precisamente, fue su nombramiento como ministro lo que le hizo renunciar a su trabajo en el bufete.
La reclamación realizada por este despacho de abogados, en representación del consorcio Panamametro, ha paralizado por ahora el proceso de adjudicación del contrato para la construcción de la línea 2 del metro de Ciudad de Panamá, valorado en algo más de 1.600 millones de euros.
A la espera de conocer la respuesta de las autoridades locales, el paso que está estudiando el consorcio chino es la impugnación del proceso, para lo que tendría que depositar una fianza próxima a los 250 millones de dólares, el 15% del total de su oferta económica.
Entre otras cuestiones, la reclamación de Panamametro se basa en el hecho de que uno de los miembros de la comisión encargada de evaluar las ofertas había trabajado en el pasado para Odebrecht, que lidera el consorcio que resultó finalmente ganador en el proceso.
Las informaciones cruzadas no han tardado en aparecer. Tras presentar esta reclamación trascendió que China Harbour, una de las empresas componente de Panamametro, figura en las listas negras del Fondo Monetario Internacional (FMI), compuesta por compañías que han tenido problemas como contratistas en el exterior.
El asesoramiento del despacho Icaza, González-Ruiz y Alemán también ha sido utilizado como arma arrojadiza por la vinculación con el actual ministro de la Presidencia.
Toda esta polémica ha hecho incluso que Isolux-Corsán se haya desvinculado del proceso de reclamación promovido por el consorcio del que forma parte. Según informa el diario El Economista, el grupo español asegura que la decisión de llevar a cabo esta acción corresponde exclusivamente a las empresas chinas y que, incluso, les desaconsejó realizar la reclamación.
