Expectación en parte del sector español de la distribución. Este martes, la Asamblea Nacional francesa vota por segunda vez una ley que prohibirá a los supermercados tirar alimentos que se encuentren en buen estado, aunque hayan pasado su fecha de caducidad. La ley, que aún tiene que pasar por el Senado galo pero que se aprobará sin problemas, sólo se centra en establecimientos de más de 400 metros cuadrados, a los que obligará, si no lo tenían, a firmar acuerdos con instituciones caritativas para destinarles los alimentos sobrantes. Si ha vencido la fecha de caducidad, esta comida deberá cederse de forma obligada a empresas que la transformen en piensos y alimentación para destino animal.
Esta medida permite poner fin a una realidad dolorosa esgrimida por el socialista Guillaume Garot, impulsor de la normativa: cada uno de los 66 millones de franceses desperdicia cada año hasta 30 kilos de comida. Y aunque sólo un 5% de este desperdicio es directamente achacable a las cadenas de distribución, los legisladores han preferido añadirles regulación a ellas que a los ciudadanos. La Federación Comercio y Distribución francesa ya se ha quejado: "Nosotros no somos la madre del cordero del despilfarro", ha venido a decir.
Desde España, la patronal de supermercados ACES opina igual: no es necesario legislar en un campo que ya funciona bien. "Desde ACES venimos trabajando desde hace muchos años para reducir el desperdicio alimentario porque es un problema que nos preocupa por los efectos en la economía, la sociedad y el propio funcionamiento de las empresas. Pensamos que la mejor forma de hacerlo es compartiendo experiencias y análisis y colaborando con la agricultura, reduciendo el desperdicio de las familias, etc", ha asegurado el presidente de una de las patronales de distribución. Aunque a corto plazo una medida de este tipo no se contempla en España, la experiencia dice que cuando un país toma medidas en este sentido aumenta la probabilidad de que los legisladores de un país vecino lo imiten.
En 2012, el recién elegido gobierno andaluz se reunió con la patronal de supermercados, para concluir que no hacía falta tomar ninguna medida
Las asociaciones de usuarios, por su parte, sí ven necesario legislar. En Facua sacaron un estudio sobre derroche de alimentos en los supermercados en los últimos días de 2014. Los resultados no fueron muy halagüeños. Consultaron a 28 superficies, desde las más grandes a otras medianas, y tan sólo 8 tuvieron a bien explicarles sus protocolos para tirar la menor comida posible. Fueron Mercadona, Caprabo, Coviran, DIA, Leclerc, Eroski, El Corte Inglés y Lidl. El resto dieron la callada por respuesta, entre ellos importantes agentes del sector como Carrefour, Alcampo, Aldi, Spar o Sabeco. "Llevamos tiempo reivindicando que la distribución y la industria no tienen suficiente sensibilidad. Sabemos que si se planteara una ley para controlar el despilfarro de alimentos en España, la industria presionaría para que no se aprobara", dice Rubén Sánchez, portavoz de Facua. En realidad, no es la primera vez que se plantea regular el desperdicio de comida de las superficies. Ya lo hizo el gobierno socialista andaluz de José Antonio Griñán a principios de 2012, en su legislatura anterior. Reunieron a representantes de las empresas para pedirles información, y llegaron a la conclusión de que no hacía falta tomar ninguna medida.
"Les interesa la compra indiscriminada"
Sánchez está en contra de la posición de ACES sobre su interés en que se ahorre en comida: "Es una responsabilidad del consumidor ser cauto pero el diseño de las grandes superficies comerciales está hecho para que compremos más de lo que necesitamos. Planificar la compra es una obligación para ahorrar aún a pesar de que está todo montado para que compremos por impulso, incluso con técnicas de márketing y neuromárketing que buscan que el consumidor gaste más de lo que necesita y acabe tirando muchas cosas".
No obstante, fuentes próximas a las empresas opinan de otra manera, y recuerdan que la distribución apenas es responsable de una pequeña parte del derroche, mientras que los hogares son responsables de la mayoría. ¿Se atrevería el político a legislar sobre lo que cada familia hace con sus alimentos estropeados?
