La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga ha incoado diligencias de investigación penal para investigar si la empresa Ares Capital, propiedad del empresario Juan Ortigüela, ha cometido algún hecho presuntamente delictivo con licencias VTC. Estas licencias para vehículos con app como Uber y Cabify se han estado adquiriendo en los últimos años por vía judicial pese a ser rechazada su concesión por las distintas administraciones autonómicas. Aunque un decreto paró la especulación en noviembre de 2015, han seguido llegando nuevas licencias cuyo trámite se inició antes de esa fecha.
Según Fedetaxi, quien realizó la denuncia en Fiscalía, se han solicitado alrededor de 2.600 licencias por parte de Ares Capital, para luego "especular con las mismas en el mercado secundario donde se multiplican los precios en origen hasta por 1.000".
Ortigüela, quien fundó la empresa Ares Capital hace 25 años y es un empresario conocido del sector del transporte, tiene presentadas miles de reclamaciones para licencias en Madrid y Barcelona según 'El Confidencial'. Es propietario de la marca Aerocity, un servicio de limusinas con o sin chofer para traslados al aeropuerto de Madrid-Barajas.
La patronal de los taxistas presentó el pasado día 9 de junio una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y la Especial para los Delitos Económicos en la que se solicita la investigación de hechos similares en relación a Cabify "y el entramado de empresas que operan bajo dicha marca comercial". Según su presidente Miguel Ángel Leal, "a la vista de la actuación de Málaga somos optimistas sobre la extensión de esta investigación a todos aquellos que están utilizando las VTC para especular y para que algunas plataformas obtengan réditos ajenos al transporte, que perviertan el destino de cualquier autorización que se expide para prestar una actividad de servicio público de transporte y no para traficar con ellas".
Fomento toma cartas
El propio ministro de Fomento, Íñigo De la Serna, aseguró el pasado 6 de junio que se había producido una "burbuja" con las licencias de vehículo con conductor y que tenía que "ser pinchada" para evitar la especulación. En los últimos años se han incorporado varias miles de licencias VTC que han superado con mucho la ratio de una licencia por cada 30 de taxi que había establecida en el reglamento. Al ser decisiones judiciales que se han hecho cumpliendo la ley Ómnibus, su presencia en el mercado es estrictamente legal aunque responda a una falla en el sistema.
Empresas como Cabify, controlada por Seaya Ventures, fondo dirigido por la hija del presidente de BBVA, Beatriz González, aprovecharon desde el principio esta posibilidad de adquirir licencias por vía judicial para luego revenderlas y crearon incluso empresas ad hoc donde ubicar estas licencias que posteriormente han ido vendiendo.