La batalla por el control de Abertis podría llevar al Gobierno a los tribunales. La actitud del Ejecutivo, que ha instado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a revocar la aprobación de la OPA de Atlantia bajo un argumento que ni tan siquiera la Abogacía del Estado ha podido respaldar de forma tajante, ha generado cierta tensión entre algunos de los accionistas de la concesionaria de infraestructuras, que ven cómo la deriva de los acontecimientos podrían llevar al grupo italiano a retirarse de la puja y, por lo tanto, no hacer efectiva una mejora de su oferta para competir con la propuesta por ACS. Inversores institucionales permanecen muy atentos al escenario y contemplan la posibilidad de demandar al Ejecutivo, al entender que está bloqueando la oferta de Atlantia.
A última hora del pasado martes, la compañía italiana desmintió que fuera a plantear una batalla legal por la actitud del Gobierno, tal y como se había recogido en una información de la agencia Reuters. Sin embargo, eso no quiere decir que este asunto no vaya finalmente a acabar en manos de la Justicia, probablemente una de las pocas vías que le restan a Atlantia para tratar de solventar esta situación.
Sin embargo, no sería la compañía transalpina la que acudiera a los tribunales. Varios institucionales, especialmente fondos de inversión, con participación en Abertis consideran que la postura del Gobierno contra la operación de Atlantia les perjudica ya que podría dejarles sin una oportunidad para acudir a una oferta mejorada para hacerse con el control del grupo español de concesiones.
Para que esto se produzca va a resultar determinante la actuación de la Comisión Europea, cuyo amparo sí va a ser solicitado por Atlantia. En el caso de que el Ejecutivo comunitario decida iniciar un proceso contra España por entender que Moncloa ha interferido en la operación de manera contraria a los principios de libertad de circulación de capitales, los socios de Abertis serán los que acudan a la Justicia, ya que entonces sí tendrían un firme argumento para sentirse perjudicados.
El Gobierno, contra la CNMV
El pasado jueves, los ministerio de Energía y Fomento remitieron un requerimiento a la CNMV para que revocara su decisión del pasado 9 de octubre de aprobar la OPA de Atlantia sobre Abertis al considerar que el organismo supervisor no había tenido en cuenta que la compañía italiana no contaba con una serie de autorizaciones que los citados departamentos consideran necesarias para que pueda hacerse efectiva la adquisición de la empresa que preside Salvador Alemany.
Las autorizaciones están relacionadas con los papeles de Abertis como concesionaria del Estado y también como accionista mayoritario del operador de satélites Hispasat, activo considerado como estratégico por el Gobierno.
Aun conocedora de la solicitud de Energía y Fomento, la CNMV aprobó el folleto. Las consultas del Gobierno con la Abogacía del Estado sobre la necesidad de contar con las autorizaciones no han ofrecido un resultado concluyente. Pese a todo, los requerimientos de Moncloa al organismo supervisor son los previos al inicio de un procedimiento contencioso-administrativo contra él, al entender que cometió un error al dar el visto bueno a la oferta de Atlantia.
Un doble problema para España
La CNMV cuenta con un mes de plazo para dar respuesta a los requerimientos de Energía y Fomento. La actitud del organismo que preside Sebastián Albella será determinante para los próximos pasos a dar por la compañía italiana, que se ha mostrado dispuesta a la colaboración y el diálogo con las autoridades españolas en los diferentes comunicados emitidos a lo largo de los últimos días.
No obstante, si finalmente se revoca la aprobación del folleto de OPA, Atlantia tendrá muy complicado ganar la batalla al Gobierno, por lo que se plantearía su retirada del proceso si no obtiene el amparo de Bruselas. En el caso de que sí lo consiga, el Gobierno tendría un problema por partida doble.
