La intervención por parte del Gobierno de Colombia de Electricaribe, filial de Gas Natural Fenosa en el país latinoamericano, ha dejado en una situación complicada al grupo español, que se prepara para un escenario que desemboque en una definitiva expropiación de la empresa. Es una de las alternativas que se plantean ahora pero las otras pasarían por el éxito de unas negociaciones que se antojan harto complicadas.
De hecho, la decisión del Ejecutivo que preside Juan Manuel Santos ha llegado precisamente después de varios de días de negociaciones al más alto nivel, con la participación del propio presidente colombiano y de dos de sus ministros, y también de la cúpula de Gas Natural, encabezada por su presidente, Isidro Fainé, y su consejero delegado, Rafael Villaseca.
La medida de la intervención ha llegado después de que el grupo español asegurara que no estaba dispuesto a poner más dinero en Electricaribe si no había cambios en el sistema que le permitieran paliar los graves problemas que padece derivados del generalizado impago de las facturas y del creciente fraude en el consumo eléctrico en la zona del Atlántico, a la que presta servicio.
Hasta ahora, la filial colombiana de la gasista había ido atendiendo, aun a duras penas, los pagos pendientes por la compra de energía a las generadoras. Sin embargo, la situación presentaba ningún síntoma de mejora y el Gobierno colombiano no propuso ninguna medida para resolver el problema, tan sólo se interesaba por saber cuánto dinero iba a inyectar próximamente la empresa española, como manifestó en las redes sociales el ministro de Minas, Germán Arce, a última hora de este lunes. Por estos motivos, Gas Natural decidió plantarse: ni un euro más.
Negociaciones enquistadas
Ante esta tesitura, al Ejecutivo de Santos no le ha quedado otro remedio que intervenir Electricaribe ante el riesgo de que la región a la que presta servicio, en la que viven 2,5 millones de habitantes, quedara en riesgo de un apagón generalizado. Por el momento, serán tres meses de intervención, bajo la tutela de Edgardo Sojo, gerente del Plan 5 Caribe, que estipulaba las inversiones que debía afrontar la filial de Gas Natural, cuyo incumplimiento puso en pie de guerra al Gobierno y afloró los problemas financieros de Electricaribe.
A partir de ahí, un posible escenario pasa por que la intervención se prorrogue, en este caso en periodos consecutivos de dos meses. Otro contempla el fin de la intervención, anticipado o cuando venza el plazo inicial de tres meses, y la vuelta a la situación original. El tercero, convertir la intervención en expropiación.
Al margen de la decisión del Gobierno colombiano, el plazo para la negociación entre las partes, contemplado en el Acuerdo para la Protección y Promoción de Inversiones Bilaterales entre España y Colombia, sigue vigente hasta mediados del próximo enero. Hasta entonces podrían prolongarse las conversaciones entre las partes. Si llegan a buen puerto, la situación se desbloquearía casi de inmediato.
Puerta abierta al arbitraje
Sin embargo, parece muy complicado que esto se produzca y menos después de que se haya llegado a la situación actual. Ninguna de las dos partes da por rotas las negociaciones pero éstas han quedado muy tocadas por la intervención. Pasado el plazo contemplado en el citado Acuerdo, Gas Natural podría acudir al Ciadi, el tribunal de arbitraje internacional tutelado por el Banco Mundial, aunque esta decisión aún no está contemplada. Ni lo estará hasta que no finalice el periodo de negociaciones.
Por el momento, Gas Natural mantiene la propiedad de Electricaribe (de la que controla un 85%, el resto está en manos del Estado colombiano). El agujero ocasionado por la situación de la filial se eleva por encima de los 1.300 millones de euros, aunque el 83% está provisionado por lo que no tiene repercusión por ahora en la cuenta de resultados de la empresa y no afectará a su política de dividendos, según indicó la gasista en un comunicado.
Se trata de la primera vez que Gas Natural ve cómo intervienen una de sus filiales en el exterior. Por el momento, la empresa tratará de que la situación no afecte a su otro negocio en Colombia, la distribución de gas en la zona de Bogotá, que está funcionando correctamente.
