El reciente fenómeno de España como importador de energía, cuando tradicionalmente ha sido un notable exportador dado la sobrecapacidad del sistema, afecta directamente a los ingresos fiscales del país. No se trata de un problema de cubrir una creciente demanda en un mercado de escasa oferta sino de incrementar márgenes generando más barato. El diferencial se encuentra muy cerca, en el mercado portugués, donde el precio mayorista de la electricidad es idéntico al español pero la generación, sensiblemente más barata.
En los últimos doce meses, el balance de intercambios internacionales de energía eléctrica en España presenta un saldo importador de 9.940 gigawatios/hora, según los datos de Red Eléctrica, lo que supone un incremento del 41% en relación con el periodo entre abril de 2016 y marzo de 2017. En lo que va de ejercicio 2018, el saldo importador es de 2.075 gigawatios/hora, algo más de un 58% por encima de los tres primeros meses del año anterior.
Cifras inconcebibles hasta 2016, cuando España cerró un ciclo de trece años consecutivos de saldo exportador. Algo razonable si se tiene en cuenta que, en la actualidad, la demanda de energía eléctrica en España supone aproximadamente un 40% de su capacidad. No se trata de un problema de escasez de suministro sino de márgenes.
En España, la generación eléctrica está gravada al 7%, con medidas adicionales como el denominado céntimo verde, con el fin de parar la sangría del denominado déficit de tarifa. Durante este tiempo se han venido desarrollando las centrales de ciclo combinado, cuya flexibilidad (tanto temporal como económica) a la hora de ponerse en marcha y cubrir las necesidades surgidas por una adversa climatología para las renovables (falta de sol, lluvia o viento) les ha hecho ir ganando la partida a las centrales térmicas.
Una demanda no atendida
En los últimos años, los incrementos del déficit han sido cada vez menos elevados, hasta el punto de que el sistema tiende ya a una situación de superávit, aunque reducir el acumulado va a ser aún una ardua tarea. Un cambio de tendencia que justificaría, a juicio de las eléctricas, una rebaja fiscal que, además, podría trasladarse a la factura y contribuir a reducir el precio del recibo eléctrico, una de las circunstancias que más preocupan al Gobierno central.
Sin embargo, las demandas fiscales del sector no han sido atendidas. Ante esta situación, las compañías no se han resignado y han buscado márgenes en un mercado como el portugués, donde encuentran los mismos costes por emisiones de dióxido de carbono, salarios similares (o incluso algo más bajos) pero, sobre todo, un entorno fiscal mucho más favorable.
Además, se da la circunstancia de que España es un mercado demasiado pequeño para Europa central, con vistas a la compra de energía. Pero, en cambio, es un mercado con el suficiente tamaño para Portugal.
Repercusión en el recibo
Estas circunstancias también explican la complicada situación en la que se encuentran las centrales térmicas en España y por qué las eléctricas se encuentran en un callejón sin salida a la hora de tratar de hacerlas rentables. Su pérdida de competitividad en este escenario es más que evidente.
El problema añadido para las arcas del Estado es que los gigawatios importados, que se incrementan en proporciones significativas como se citó más arriba, no generan impuestos en España. Una eterna pelea entre el Gobierno y el sector, entre regulador y regulado, que no parece tener fin. Pero sí repercusiones, y no precisamente positivas, tanto en el recibo de la luz como en la recaudación fiscal.
