Nuevos agujeros negros en la bancarrota del Grupo Marsans que ha llevado a la cárcel a Gerardo Díaz Ferrán. Los administradores concursales de la empresa de viajes enviaron un informe pericial al Juzgado Mercantil que instruía su concurso de acreedores en el que denunciaban que Posibilitumm Business, el fondo buitre de Ángel de Cabo que se quedó con la compañía del ex presidente de la CEOE, vendió por sorpresa uno de los pocos activos rentables que le quedaba al grupo, su filial brasileña, y ocultó el destino final de los 1,44 millones de euros obtenidos. El informe obra ya en el sumario que instruye en la Audiencia Nacional el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, que el pasado miércoles ordenó el ingreso en prisión de ambos como presuntos responsables de los delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Para el magistrado, Diaz Ferrán y De Cabo “idearon una estrategia” para eludir el pago de las deudas del grupo y lucrarse con la liquidación del mismo mediante “un complejo sistema societario”.
Los administradores concursales se enteraron por la prensa de la venta de Marsans Brasil. Nunca supieron dónde fue a parar el dinero
En el informe pericial, al que ha tenido acceso este diario, los administradores concursales detallan que el representante de Posibilitumm, Ivan Losada, también encarcelado en la Operación Crucero, les comentó en varias de las reuniones que mantuvieron que “había un tercero interesado en adquirir Marsans Brasil”. Los peritos le pidieron entonces “se les facilitara la documentación justificativa de la operación porque debían estudiar si se trataba de una operación beneficiosa para la masa activa y los acreedores de Marsans”. Sin embargo, los administradores concursales nunca llegaron a recibir dicha información y, de hecho, se enteraron por los medios de comunicación que se había realizado la venta y el importe de la misma: 2 millones de dólares (1,44 millones de euros). Posibilitumm había hecho incluso una nota de prensa en la que informaba de dicha operación, aunque evitaba concretar que supuesta “empresa turística brasileña” se había hecho con la misma.
En aquella misma comunicación pública, la empresa instrumental de Ángel de Cabo e Iván Losada recalcaba que el objetivo de dicha venta no era otro que conseguir liquidez para pagar a los deudores del Grupo Marsans. Incluso afirmaban que la operación contaba con el visto bueno de la administración concursal. Sin embargo, los tres miembros de ésta reflejaron en el informe que nunca se les había informado de que se iba a producir la venta “y lo que es más grave” donde fueron a parar los 1,44 millones obtenidos con la venta.
Ocultación de información
La desaparición de este dinero es sólo uno de las múltiples irregularidades que denuncia el informe pericial que acompañó en enero la querella presentada en enero po Meliá, Orizonia, AC Hoteles y Pullmantur, y redactada por el despacho de abogados Ashurs, que motivó las detenciones de la semana pasada. De hecho, en dicho informe se recalca que existía el riesgo de que los activos de la compañía acabaran “malbaratándose o malvendiéndose” y se critica la actitud que en todo momento mantuvieron los sustitutos de Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual al frente de la compañía, a los que acusa de “falta de colaboración” y de ocultar numerosa información y documentación que les requerían. “Han hecho caso omiso”, se lamentan los peritos en uno de los párrafos del documento. De hecho, los administradores concursales también denunciaron que "días antes de la declaración de concurso" y en sólo tres semanas se sacaron de la tesorería del Grupo Marsans 1.149.766, 74 euros mediante la emisión de trece cheques cuyo "fin o destinatario es poco claro o desconocido".
Los peritos nombrados por el juzgado alertaron de que los activos de la compañía estaban siendo “malbaratados o malvendidos”
Además, descubrieron que en los “meses anteriores a la declaración de los concursos, el Grupo Marsans utilizó la sociedad Marsans Shopping como receptora de los fondos que todavía existían para evitar embargos. Así se procedió a traspasar todos los fondos del resto de compañías del grupo a esta sociedad", se puede leer en el texto. En el mes de junio de ese año, justo cuando los trabajadores dejaron de percibir sus salarios, se produjo la salida del efectivo de las cuentas de esta empresa sin que se sepa cuál fue el destino final de este dinero. De hecho, cuando meses después consiguieron abrir las cajas fuertes que la compañía tenía en las oficinas centrales de la compañía, situadas en el número 2 de la calle Mahoría, de Madrid, sólo encontraron en las mismas 200 euros y documentos "de escaso interés para el concurso".
Los administradores concursales también destacan en el informe que tras, la compra de la compañía por parte de Posibilitumm, la empresa de De Cabo, se había contratado personal al que se les había asignado "salarios extremadamente altos teniendo en cuenta la situación" de la compañía. Sólo en seis nóminas, el gasto era de 1,5 millones de euros brutos anuales. Entre ellas destacaba la del propio Iván Losada, la mano derecha de De Cabo, quien se había asignado un salario anual bruto de 500.000 euros más un incentivo del 5% sobre el total de beneficios, como reflejó en el auto de prisión el juez Velasco. Incluso Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, que hasta aquella fecha sólo tenían la condición de administradores solidarios, se habían dado de alta como trabajadores dos meses antes de la declaración de concurso, por lo que cobraron un finiquito de 20.555, 21 euros cada uno al causar baja en la empresa.
