La principal aspiración de Gas Natural en el proceso de arbitraje contra Colombia que inició a última hora del martes por la liquidación de su filial Electricaribe es la recuperación del control de la empresa. La solicitud previa del proceso, registrada ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncritral), presenta como alternativa una indemnización de en torno a 1.000 millones de euros pero el grupo energético es consciente de que será muy complicado que, en el caso de que los árbitros le den la razón, pueda cobrar en metálico.
La estrategia de la empresa pasa por poder recuperar el control de Electricaribe, de la que posee un 85%. Al fin y al cabo, se trata de un negocio regulado que, en condiciones normales, debería asegurar una rentabilidad razonable a Gas Natural incluso después de haber llevado a cabo las inversiones necesarias para el mantenimiento de la red.
Eso sí, la solicitud de Gas Natural incluye la necesidad de establecer un marco normativo que la garantice luchar contra la mora y el fraude, los elementos que han impedido que ese negocio regulado haya pasado de ser una garantía a convertirse en una pesadilla de casi 1.300 millones de euros.
La indemnización es el plan B, especialmente porque será muy difícil que, en el caso de que el proceso finalice de esta forma, Gas Natural la pueda percibir en metálico. "En ese caso, el Gobierno colombiano de turno no tendrá ninguna intención de destinar una partida presupuestaria a pagar la indemnización", apuntan fuentes conocedoras de este tipo de procesos. Lo más probable es que la compañía española cobrara a través de activos como bonos. Y si lo hiciera en metálico sería de forma muy diferida.
Un tribunal más ágil
Finalmente, Gas Natural optó por presentar la demanda de arbitraje ante el tribunal dependiente de la ONU y no ante el Ciadi, auspiciado por el Banco Mundial, como era su propósito inicial. Los despachos internacionales Three Crowns y Dechert, asesores de la compañía en este proceso, han optado por el Uncitral debido a que los procesos suelen ser más rápidos que en el Ciadi (entre dos y tres años de media, frente a casi cuatro años) y sus resoluciones suelen ser más ágiles a la hora de su ejecución.
Precisamente, esa agilidad ha sido apreciada por la compañía con vistas a su objetivo de poder recuperar Electricaribe antes de que el proceso de liquidación sea irreversible. No obstante, las citadas fuentes señalan que es muy improbable que el Gobierno colombiano dé marcha atrás en este proceso.
La decisión de iniciar la liquidación de Electricaribe, después de cuatro meses de intervención, fue muy bien recibida por los políticos de la región costera donde opera la compañía. Un apoyo logrado por el presidente de la nación, Juan Manuel Santos, que no está dispuesto a perder ahora, en plena actividad del proceso de paz en el país latinoamericano.
La estrategia de Colombia
La estrategia de Colombia será, precisamente, la opuesta. Es decir, dilatar el arbitraje lo máximo posible, atribuir los problemas de Electricaribe a la mala gestión de Gas Natural y profundizar en las maniobras de hostigamiento que también ha denunciado el grupo presidido por Isidro Fainé.
En esta última cuestión, además del proceso de intervención de noviembre, también se incluyen las actuaciones puestas en marcha por la Fiscalía del país para tratar de encontrar indicios de corrupción en la gestión de la filial colombiana de Gas Natural.
