El Consejo de Estado no fue el único que puso en solfa el convenio firmado en 2006 entre el Ministerio de Fomento y Abertis para modificar la concesión a su filial Acesa de determinados tramos de la AP-7, un acuerdo que podría costar a las arcas públicas más de 2.000 millones de euros. En su momento también el entonces denominado Ministerio de Economía y Hacienda no terminó de ver claro el convenio, hasta el punto de que se precisó un segundo informe del departamento para poder aprobar el convenio en Consejo de Ministros.
El pasado martes, Abertis hizo público que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le daba razón en el contencioso que mantiene con el Ministerio de Fomento, al asegurar que cuenta con un derecho de cobro asegurado, en virtud de este convenio, que está valorado a fecha actual en casi 1.500 millones de euros, a los que habría que sumar más de 700 millones correspondientes al coste de las obras.
Como informa el diario El Mundo, la sentencia del TSJM cita para reforzar su argumento el dictamen emitido por el Consejo de Estado, concretamente el 30 de marzo de 2006, una semana antes de que el Gobierno aprobara el convenio, en el que no pone objeción alguna a la aprobación de las modificaciones en la concesión pero sí llama la atención sobre el hecho de que el convenio incluía una "peligrosa cláusula de compensación", por la que sería el Estado el encargado de pagar los desequilibrios de la concesión por una hipotética caída de los tráficos en los tramos operados por Acesa.
Pero en ese mismo dictamen, el propio Consejo de Estado recoge que el Ministerio de Economía y Hacienda emitió un primer informe sobre el convenio que contenía observaciones. Concretamente, el departamento dirigido por entonces por Pedro Solbes emitió su informe el 20 febrero, algo más de un mes antes de que el Consejo de Estado hiciera lo propio con el suyo.
Rectificación en 20 días
Fuentes conocedoras de la situación aseguraron que la observación se refería al punto de las compensaciones a Abertis, que poco después también serían puestas en la picota por el Consejo de Estado. Sin embargo, apenas veinte días después, Economía y Hacienda emitió un segundo informe, tras una nota aclaratoria de la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, en el que ya no se formulaba observación alguna.
El resto de los informes que llegaron al Gobierno al respecto de este asunto, emitidos por la Dirección General de Carreteras, la Dirección General de Programación Económica, la Secretaría General Técnica y el Consejo de Obras Públicas, todos ellos dependientes del Ministerio de Fomento, no contenían observación alguna. El de la Abogacía del Estado de este Ministerio fue también favorable.
Se aseguraba al concesionario "en todo caso un saldo de compensación positivo en el periodo concesional". Es decir, tanto si los tráficos se disparaban como si se hundían, como así ocurrió
En realidad, el dictamen del Consejo de Estado iba más allá, puesto que, directamente, aseguraba que el convenio beneficiaba a Abertis en cualquier caso, sucediera lo que sucediera. Al hablar de las cláusulas, el organismo apunta que "asegura al concesionario en todo caso un saldo de compensación positivo en el periodo concesional". Es decir, tanto si los tráficos se disparaban como si se hundían, como así ocurrió. Una circunstancia que, de acuerdo con el Consejo de Estado, "sólo razones singulares y acreditadas pueden justificar".
Evitar los atascos
Y no se trataba de este caso, dado que, en ese mismo dictamen, la institución consultiva señala que "el Consejo no puede asumirlas por cuanto no están ni debidamente justificadas, ni acreditadas en el expediente remitido en consulta".
Incluso, el organismo incide en que "la Administración puede construir y ampliar la capacidad de las carreteras que discurran paralelamente a las autopistas en régimen de concesión, sin que dicha construcción o modificación de sus características comporten por sí mismas el nacimiento de un derecho a percibir indemnización alguna en el concesionario".
Circunstancia que, por lo que parece, no se cumplían en el caso del convenio para la modificación de la concesión de los tramos Barcelona-La Junquera, Barcelona-Tarragona y Montemeló-El Papiol. Todos ellos protagonizaron las operaciones especiales de la Dirección General de Tráfico en los años previos a la modificación de la concesión debido a los kilométricos atascos que se formaban, lo que provocó la reacción airada de políticos catalanes.
Socios de Gobierno
Entre ellos, muchos de la extinta Convergencia i Unió (CiU), por entonces socio de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en Moncloa. La situación derivó en que el Ejecutivo planteara a Abertis modificar la concesión a fin de que la compañía se ocupara de ampliar estas vías, con carriles adicionales, además de variar los puntos de peaje con el fin de evitar estas situaciones.
Al no tener en cuenta las observaciones del Ministerio de Economía y Hacienda y el Consejo de Estado, la por entonces ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, metió al propio Estado en una trampa mortal. Eso sí, tenía claro que sería muy difícil que se viera afectada. En todo caso, las compensaciones serán efectivas a partir del final de periodo concesional, en este caso en 2021.
La última esperanza a la que se aferra el Gobierno es al recurso que ha interpuesto ante el Tribunal Supremo que, al menos, extenderá el caso durante al menos un año y medio más.
