Duro Felguera afronta una reclamación de Hacienda por importe total de 122,4 millones de euros en plena negociación con la banca acreedora para refinanciar 297 millones de euros de deuda y cuando el grupo asturiano está buscando un socio inversor que alivie su situación financiera.
La compañía desvela en un reciente documento enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que el pasado día 17 de mayo recibió "propuesta de liquidación en concepto de Impuesto sobre Sociedades por un importe de 100,6 millones de euros de cuota más 21,8 millones de euros en concepto de intereses". Duro Felguera señala además que la regularización "efectuada por la Inspección supone la reducción de las bases imponibles negativas del Grupo consolidado en 27,5 millones de euros" y una reducción de las deducciones pendientes de aplicación en dos millones de euros.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria comunicó el 21 de enero de 2015 el inicio de actuaciones de investigación y comprobación del Impuesto de Sociedades de Duro Felguera de los ejercicios 2010 a 2012, así como del IVA de los años 2011 a 2012, y del Impuesto sobre la Renta de 2011 a 2012.
El grupo dice que inversores nacionales e internacionales están analizando ahora su posible entrada en el capital
El grupo presidido por Ángel Antonio del Valle Suárez firmó en disconformidad las actas de inspección. En su información a la CNMV, explica que el acuerdo de liquidación se fundamenta "en las discrepancias de la Agencia Tributaria en relación con la aplicación por el grupo de la exención sobre las rentas procedentes del extranjero obtenidas por Uniones Temporales de Empresas que operan en el extranjero (...)".
Duro Felguera sostiene que "no es probable que el importe de dichas actas se tenga que satisfacer".
La dirección de la compañía "considera que existen argumentos técnicos para que los criterios aplicados por el Grupo sean estimados en su totalidad, lo cual es más probable que se produzca en la fase de contencioso administrativa". El grupo mantiene que se cumplen los requisitos necesarios para la aplicación del mencionado régimen de exención, así como en el hecho de que los criterios aplicados no fueron cuestionados en relación con las rentas procedentes de la mencionada UTE, en las actuaciones que se realizaron en el ejercicio 2013 y que concluyeron con un Acta de Conformidad".
El contencioso con Hacienda se produce en un momento crítico para Duro Felguera. Durante el último trimestre de 2016 la compañía inició negociaciones con la banca acreedora para estabilizar la estructura de su deuda por importe de 297 millones. Recientemente el grupo firmó un acuerdo de espera (standstill) logrando seis meses más de oxígeno. Sin embargo, la parte vencida de esa deuda sí será exigible a partir del próximo día 31 de julio, con renovaciones tácitas de vencimiento hasta el 30 de septiembre.
Entre los principales bancos acreedores de Duro Felguera se encuentran Popular y Santander, y habrá que ver como puede influir en la negociación de refinanciación la compra de Banco Popular por parte del banco presidido por Ana Botín.
La compañía ha firmado un contrato en México recientemente por importe de 112 millones
En el marco de esta reestructuración de deuda, Duro Felguera ha encargado a Rothschild la búsqueda de un socio que se integre en su capital. De momento, se han firmado acuerdos de confidencialidad con "potenciales inversores nacionales e internacionales (...) que están analizando actualmente la información compartida, sin que a día de hoy hayan comenzado con ellos negociaciones sobre términos concretos de inversión", indica la multinacional española a la CNMV.
El auditor de las cuentas de Duro Felguera, EY, incluyó en su informe de auditoría del ejercicio 2016 del grupo un párrafo de énfasis advirtiendo de la "existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad del grupo para continuar como empresa en funcionamiento (...)".
Duro Felguera registró en 2016 unas pérdidas de 18 millones de euros (80 millones de pérdidas en 2015). La compañía con sede en Gijón, especializada en la ejecución de proyectos llave en mano para instalaciones industriales y energéticas, ingresó el pasado año 709 millones de euros, un 8% menos que en 2015. El primer accionista de la compañía es Juan Gonzalo Álvarez, con el 24,3%, a través de Inversiones Somió.
El grupo informó el jueves que a través de su línea de negocio Mining & Handling, ha suscrito un contrato por más de 130 millones de dólares (111,7 millones de euros) con la empresa Greenfield SPV para la ejecución de instalaciones para el almacenamiento y suministro de carbón a la Central Térmica Petacalco, en México.
