"El que pagaba mal antes de 2010 lo hacía de forma legal, pero el que paga mal hoy además viola la ley". Se han cumplido 5 años de la ley de 2010 que impuso el pago a 60 días y las empresas cotizadas, que representan un 75% de los beneficios empresariales en España, pagan a 187 días de plazo medio, lo que supone un empeoramiento de 5 días en 2014 respecto a 2013 y una violación de la normativa. Una muestra más de que el papel lo aguanta todo, pero el mero hecho de dictar una ley no hace necesariamente que esta se cumpla si no se ponen los medios para ello.
Los datos de morosidad, recogidos por la CNMV, han sido denunciados por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. La ley se está incumpliendo, sin que haya ningún tipo de sanciones, " y mientras no las haya las empresas solo empeorarán esto dado que tienen posición de dominio", ha asegurado Antoni Cañete, presidente de la plataforma. Esto, asegura Cañete, "supone que algunas grandes compañías se financian a costa de sus propios proveedores, en su mayoría pymes y autónomos".
Con este decalaje entre entre los días que tardan en cobrar las grandes y los días que tardan en pagar, el segmento de grandes empresas obtiene, aseguran los afectados, una financiación recurrente a cargo de las pequeñas compañías. Y es que si pagan a 187 días, cobran sin embargo a 84, con lo que tienen unos 100 días de financiación extra. También ha aumentado un 7% el tiempo que tardan en cobrar.
Los peores sectores son el energético, de servicios y comercio y construcción. En el primero, los pagos se hacen a 103 días mientras que se cobra a 62, casi cumpliendo la ley. En el sector industrial el pago se hace a 221 días y el cobro a 104. En el segmento de comercio y servicios, los pagos se hacen a 290 días y los cobros a 78. La palma de la morosidad se la lleva el sector de construcción e inmobiliario: 300 días tardan en pagar y 137 en cobrar.
El sector financiero ha quedado fuera de este estudio pues su relación con los proveedores es diferente. Con estas tretas, las grandes compañías se ahorran 1.985 millones de euros, según la plataforma. Pese a todo, los miembros de la plataforma se muestran reacios a decir con transparencia quienes son las grandes empresas que más incumplen sus compromisos, o incluso por el lado contrario dar a conocer a aquellas que lo están haciendo mejor. "Aún no tenemos los datos completos, preferimos esperar para hacer un estudio muy fiable cuando sean publicados", ha sido el argumento del presidente de la plataforma, que no obstante ya lleva más de un lustro trabajando sin haber querido por el momento dar ese paso.
"Estas grandes empresas pagan en sus fechas y cumplen escrupulosamente la ley en países de nuestro entorno, y en España no. Por qué ocurre esto, siendo las mismas compañías? Obviamente porque el Gobierno no les obliga y no hay régimen sancionador", ha sido la conclusión del vicepresidente Francesc Acin.
