El juez instructor del 'caso Lezo' en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, va desgranando las actuaciones presuntamente delictivas del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, líder de una trama donde también figuraba su hermano Pablo Manuel, Edmundo Rodríguez Sobrino y otras personas. En el auto publicado esta semana donde se acepta la excarcelación de González tras pagar 400.000 euros de fianza, el juez explica la operativa por la cual Dragados SA, una de las sociedades del Grupo ACS, pagó 3.257.038 euros a Tecnoconcret, una sociedad instrumental, para uno de los varios proyectos de las obras del llamado 'Tercer Depósito' Canal de Isabel II, consistente en un campo de golf. Posteriormente Tecnoconcret pagó 2.678.564 euros a Onlygolf, quien realmente realizó la obra.
Por tanto, la diferencia entre la facturación declarada entre 2006 y 2007 entre Dragados y Tecnoconcret y la de esta última con Onlygolf fue de 578.474 euros. Según García Castellón, "este importe fue la cantidad que ilícitamente se apoderaron los investigados en la ejecución de la obra". El juez cree que es una comisión que salió de los bolsillos de ACS.
Esta generosidad de ACS no fue gratis. Según el instructor, "los investigados Ignacio González González, Idelfonso de Miguel Rodríguez, Pablo Manuel González González, José Antonio Clemente Martin y José Juan Caballero Escudier presuntamente se concertaron para lograr que el contrato para ejecución de las instalaciones deportivas del CYII "Tercer Depósito" de Madrid conocidas como Canalgolf (...) se realizará a la mercantil ACS Proyectos, Obras y Construcciones SA (posteriormente denominada Dragados SA) en unas condiciones económicas que eran perjudiciales para el patrimonio de la Comunidad de Madrid".
Una vez concedida la concesión de todas las obras a ACS, la compañía del presidente de Real Madrid devolvió el favor al equipo de González adjudicando a Tecnoconcret los trabajos relativos al golf. Lo hizo a pesar de que Tecnoconcret "no era la mejor oferta económica, ya que la mercantil About Golf (que obtuvo 80 en el global del concurso) presentó la mejor oferta económica con mucha diferencia (más de 11 puntos respecto al consorcio que ganó el concurso)", indica el juez.
Tecnoconcret, creada para cobrar comisiones
Tecnoconcret tenía como único objetivo cobrar comisiones por obras que adjudicaba el propio Ignacio González, que fue presidente del Canal de Isabel II de 2003 a 2012. Así lo explica el instructor: "Con el propósito de obtener individualmente un incremento patrimonial ilícito a costa de fondos públicos de la Comunidad de Madrid invertidos en la ejecución de la obra de las instalaciones deportivas y del contrato de gestión y explotación de las mismas, crearon una estructura societaria que les proporcionó opacidad. Con este fin, el día 29 de mayo de 2003 se creó la sociedad Tecnoconcret".
Esta sociedad es definida por el juez como una sociedad instrumental que carecía de:
- Experiencia en el sector, se constituyó 12 dias después de la publicación del concurso para la ejecución de la obra
- Estructura empresarial, contaba exclusivamente con una pequeña oficina
- Trabajadores en plantilla, los investigados José Antonio Clemente, Fernando Serrano Fuentes y Agustín de Dios Robles fueron prácticamente sus únicos trabajadores durante toda la vida de la sociedad
- Cartera de clientes, ya que facturó prácticamente de forma exclusiva a la mercantil ACS y a otras sociedades vinculadas a los propios investigados.
En definitiva, asegura, "la aportación de la mercantil a la ejecución de la obra fue nula, y no suponía ningún valor añadido para la empresa que resultó adjudicataria del concurso, ACS".
Pero la constructora también se ha visto inmersa en otras irregularidades, como por ejemplo la propia adjudicación que fue irregular administrativamente, puesto que la ejecución a ACS Proyectos, que se publicó en el BOCM el 17 de mayo de 2003 por casi 41 millones de euros, se adjudicó supuestamente "sin expediente administrativo de licitación". Al menos, al juez no le han podido entregar ningún documento que acredite que lo había.
El juez considera acreditado que "la realidad fáctica" es muy distinta a lo que alegaba la defensa de Nacho González, que es que él no había participado en las actuaciones administrativas para la ejecución de la obras ni e nla contratación de las empresas, mientras señalaba a Esperanza Aguirre como la persona que tomó las decisiones. Pero no ha podido convencer al juez: fue él, como responsable del Canal de Isabel II, quien designó a Tecnoconcret.
La mercantil Green Canal Golg pagó, entre el año 2007 y el 2012, comisiones ilegales a Tecnoconcret de 623.000 euros. Pero el importe total de comisiones ilícitas obtenidas por fondos públicos de la CAM para Tecnoconcret fue de 1,2 millones de euros.
Este diario se ha puesto en contacto con ACS a través de e-mail, sin obtener respuesta.
