La estabilidad de precios del tabaco que se lleva viviendo desde las subidas de impuestos de inicios de la legislatura corre peligro. De hecho, sólo falta algo tan sencillo como una demanda judicial en un juzgado ordinario para que pudiera desatarse de nuevo una guerra de precios similar a la que el sector vivió en 2011. El motivo, denunciado por Japan Tobacco (compañía dueña de marcas como Camel y Winston) es el llamado impuesto de doble mínimo que España aplica a pesar de que la justicia europea lo ha declarado ilegal desde el pasado octubre. El tabaco se grava con dos impuestos especiales: uno fijo (el mismo para todos) y otro 'ad valorem', mayor cuanto mayor es el precio. Es este último el que tarde o temprano habrá que eliminar, sin que Hacienda haya encontrado por el momento un sustitutivo, ya que la justicia europea lo ha declarado ilegal en octubre tras una denuncia en Italia, donde se aplica junto con Francia y España.
"Cualquier persona puede poner una denuncia y el tribunal tiene obligación de eliminar ese doble mínimo de forma inmediata, lo cual haría que en este periodo convulso políticamente, hasta que se desarrollara una nueva ley, el suelo estaría eliminado y se daría pie a una guerra de precios", ha asegurado el director general de JTI, Miguel Luengo. Después del italiano ha venido el suelo francés, y ahora sólo queda España como único país que mantiene este impuesto ya muerto. Una situación de enorme debilidad que pone en riesgo, asegura, la seguridad jurídica.
En Italia, el doble impuesto se retiró por ley y los precios bajaron motivados por Yesmoke
El origen de esta inseguridad fue la denuncia llevada a cabo en Italia por los hermanos Messina. Emprendedores para unos, para otros mafiosos contrabandistas, ellos fueron los creadores de Yesmoke, una marca italiana de cigarros por internet que llegó a facturar 100 millones de euros con un negocio calificado por muchos de contrabando. Consiguieron eliminar el doble mínimo y por tanto vender más barato al eliminarse ese impuesto progresivo. Días antes de ser prendido por la policía italiana acusado de contrabando (Philip Morris les había puesto una denuncia de 450 millones de dólares), Giancarlo Messina avisó de que sus siguientes objetivos eran España y Francia: "En Francia y España vamos a iniciar una batalla y a replicar la misma guerra de precios que hemos desencadenado en Italia. El mercado exterior es nuestra salvación, porque los ingresos que provienen de este mercado nos permiten crecer incluso con la venta en Italia a 3,80 euros", el precio más barato de todos los países de nuestro entorno. En Estados Unidos, vendieron de forma no autorizada 300 millones de cajetillas de tabaco.
El documental SmoKings cuenta la historia de los hermanos Messina y su batalla con las multinacionales y lo que ellos llamaban 'el lobby del tabaco'. En estos momentos se encuentran detenidos. En su documental, decían cosas que a la industria tabaquera no le gustaba mucho, como que "nuestra guerra debe ser a la baja, ellos nos hacen daño pero de otra manera".
La regulación de la cajetilla
Un sector hiperregulado como el tabaquero se encuentra aún con otro escollo más, de ahí que el responsable de Japan Tobacco (que factura 2.000 millones de euros al año en España) llame la atención sobre la fragmentación política y la incertidumbre regulatoria. "Nos quedan sólo tres meses, verano mediante, hasta la finalización del periodo de sesiones y que se disuelvan las cortes para convocar elecciones generales. En este tiempo debería de trasponerse la directiva europea que obliga a las marcas tabaqueras a aumentar el espacio destinado a las advertencias sanitarias en contra de su propia marca. En otros países ya tienen borradores sobre cómo se hará pero en España aún no sabemos nada. La incertidumbre regulatoria nos mata, porque dependiendo de cómo sean los nuevos paquetes que se exijan por ley, tenemos que saberlo con un tiempo determinado para encargárselos a nuestros distintos proveedores, que por cierto son todos los mismos".
En mayo de 2016 entrarán en el mercado las nuevas cajetillas en base a una directiva europea de mínimos que, en cualquier caso, cada gobierno europeo puede aumentar si lo desea.
