El Gobierno va a acabar esta legislatura metiéndole el último rejonazo económico al sector energético. Después de la polémica reforma eléctrica que en 2014 levantó en armas a todas las compañías del sector, desde las tradicionales a las renovables, el Ministerio de Industria y Energía va a crear este año el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que sólo en 2015 supondrá un desembolso conjunto de 255,7 millones de euros para "las empresas comercializadoras de gas y electricidad, los operadores de productos petrolíferos al por mayor y los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor" a los que se les fijará "una cuota anual de ahorro energético de ámbito nacional".

Así viene recogido en el borrador de Orden Ministerial al que ha tenido acceso Vozpópuli, que ha sido redactado por Industria y será llevado al BOE en las próximas semanas.

Según la propuesta de Orden, el Fondo fijará unas cuotas anuales de ahorro energético hasta 2020 y establecerá "las obligaciones de aportación al Fondo" cada año. Para 2015 se establece un objetivo de ahorro agregado de 3.046,51 Gigavatios/hora (GWh), con un coste unitario de 67.916,58 euros por cada GWh ahorrado.

En función de estos criterios y de las cuotas establecidas a cada empresa (en el listado del Fondo figuran casi 500 compañías. Ver documento adjunto al final del texto), a Repsol le tocará pagar este año 76,6 millones de euros al Fondo; Cepsa abonará 24,9 millones; Endesa e Iberdrola, 23 millones cada una; Gas Natural, 25,58 millones; Acciona, 1,68 millones; y así hasta completar una aportación conjunta al Fondo de 255,7 millones de euros.

Este dinero lo recaudará Industria, que se lo traspasará al Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), que será el que lo gestionará con el objetivo de cumplir con las exigencias establecidas de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo.

El sector se queja del afán recaudatorio de la medida y critica que no se vayan a crear los certificados blancos que premian a las compañías que más ahorran y penalizan a las incumplidoras

Según esta norma, "cada Estado miembro establecerá un sistema de obligaciones de eficiencia energética, mediante el cual los distribuidores de energía y/o empresas minoristas de venta de energía quedarán obligados a alcanzar en el año 2020 el objetivo de ahorro indicado mediante la consecución anual, a partir de 2014, de un ahorro equivalente al 1,5% de sus ventas anuales de energía".

La forma en la que el Gobierno español ha implementado la creación del fondo ha provocado duras críticas del sector, que lo ha denominado un "impuesto revolucionario" con un "afán marcadamente recaudatorio".

Desde la Unión Europea se había planteado un modelo en el que los gobiernos debían incentivar a sus respectivos sectores al ahorro energético y en función de la consecución de estos objetivos habría de premiar a las empresas más cumplidoras y penalizar a las que menos energía ahorrasen.

Un directivo del sector en España apunta al modelo de "certificados blancos de ahorro energético", que los concedería Industria a las empresas que tomen medidas de ahorro durante el año en curso.

Año tras año, hasta 2020, el Fondo irá aumentando su cuantía para promover y costear las medidas de eficiencia energética a través del IDAE

"Pero este Gobierno en lugar de incentivar el ahorro vía medidas concretas y certificados blancos, dejando en manos del mercado privado la consecución de esos objetivos y utilizando el Fondo como un instrumento adicional, lo que va a hacer es recaudar primero y revisar la consecución de esos objetivos después", añade este directivo.

Fuentes del sector, por su parte, inciden en que el equipo del ministro de Industria, José Manuel Soria, "le ha dado la vuelta al modelo de la directiva, creando una tasa o impuesto a cada compañía que lo gestionará el IDAE, pero que finalmente lo acabarán pagando los clientes finales porque las empresas lo trasladarán a los precios de sus productos".

Desde el Ministerio se defiende la bondad de la norma, que además viene impuesta desde Bruselas, pues servirá para hacer cumplir los objetivos de ahorro y eficiencia energéticas año tras año para llegar a 2020 con los deberes hechos.

Las compañías, además de hacer su aportación financiera al Fondo, tendrán que cumplir con las medidas de eficiencia establecidas en cada caso (aislamiento de edificios, cambios de calderas, contadores electrónicos para controlar el consumo, alumbrados eficientes, biocombustibles, mejoras de las redes de distribución…).

Según las compañías, que han presentado alegaciones a la propuesta de Orden, Industria no parece dispuesta a poner en marcha el sistema de 'premios' a través de los certificados blancos para las compañías cumplidoras o el establecimiento de líneas de apoyo que faciliten la aplicación de las medidas de ahorro y eficiencia.

"Lo importante para ellos ahora mismo es crear el Fondo y disponer de los 255 millones de euros. Luego ya se verá cómo se usa ese dinero y si realmente se destina a verdaderas medidas de eficiencia", afirman fuentes de otras compañías del sector incluidas en el Fondo.