Embarcado en un proceso de expansión en España, el grupo francés de hipermercados E. Leclerc no duda en recurrir a cualquier vía para intentar frenar a sus rivales. Unas, más originales, como el comparador de precios para la Comunidad de Madrid que lanzó hace año y medio para intentar demostrar que sus precios son mejores que los de Carrefour, Hipercor, Día, Alcampo y Mercadona y que, por cierto, no actualiza desde hace meses. Y otras, más clásicas, como el recurso a los tribunales.
La cadena francesa no ha dudado, por ejemplo, en acudir a un juez para intentar frenar hasta en dos ocasiones los planes de expansión de la cadena de Juan Roig en Navarra, un territorio clave en el que la cadena valenciana entró el año pasado como preludio a su llegada, este año, al País Vasco, el último territorio que le falta por conquistar.
Así, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra acaba de desestimar la pretensión de E. Leclerc de que se suspendiera cautelarmente la licencia de apertura concedida por el Ayuntamiento del Valle de Aranguren a un Mercadona en la localidad navarra de Mutilva.
E. Leclerc solicitaba la suspensión de la licencia de obras concedida por el consistorio a Mercadona para construir ese supermercado y un aparcamiento al aire libre, así como la de la licencia de actividad del establecimiento. De hecho, pedía también la paralización inmediata de las obras (aunque el establecimiento lleva abierto más de un año) en un recurso de apelación ahora rechazado y presentado después de que, en junio del año pasado, un auto del mismo juzgado ya denegase la anulación de las licencias.
El grupo francés solicitaba la suspensión de la licencia de actividad del establecimiento de Mercadona en Mutilva argumentando que se produciría "una alteración irreparable del entorno físico" y alegaba que "se ha producido una ausencia de publicación de las normas urbanísticas, así como una falta de desafectación previa de una parcela verde privada".
Sin embargo, para el TSJ navarro "no cabría ahora ordenar la paralización de unas obras ya terminadas, ni la de unas obras de adaptación a una actividad que ya se está desarrollando". Además, la sentencia, dictada el pasado 3 de febrero, señala que, en aras del “interés general”, con la adopción de esta medida "se verían afectados terceros, como podrían ser proveedores o trabajadores de la empresa".
Por otro lado, y mientras los intereses de E. Leclerc son “prácticamente en exclusiva de tipo económico y, por ello, más fácilmente susceptibles de una hipotética reparación”, la paralización de unas obras ya terminadas “conllevaría la adopción de una garantía que avalase los posibles daños y perjuicios que podrían derivarse de dicha medida, fianza que Mercadona S. A. fija en un mínimo de 45 millones de euros”.
El establecimiento de la discordia se inauguró el pasado 14 de mayo tras una inversión de 2,5 millones de euros y supuso la creación de más de 40 empleos fijos directos, según anunció entonces la cadena valenciana.
La Sala argumenta además que existe otro procedimiento en el mismo tribunal en el que no consta que se haya solicitado medida cautelar alguna y señala que será en ese procedimiento, en el que se enjuicia la legalidad de la actuación llevada a cabo por la Administración, en el que se "debata si es correcta o no la publicación de las normas urbanísticas". La sentencia pone fin a la pieza de medida cautelar, pero no a ese procedimiento, que está pendiente de resolución en el mismo juzgado. La batalla sigue.
