Multa y M-30 son dos términos que tradicionalmente se unen en detrimento de los sufridos usuarios de la autopista de circunvalación más transitada de Madrid. Sin embargo, por una vez, la sanción no ha ido a parar a un conductor sino a la propia M-30. O por mejor decir, a Madrid Calle 30, la sociedad que desde hace diez años se encarga de su explotación, y que ha sido multada por Hacienda con cerca de un millón de euros por una presunta infracción en la liquidación del impuesto de Sociedades de 2014.
En concreto, la sanción asciende a algo más de 807.000 euros y su origen se encuentra en la liquidación provisional del primer pago fraccionado del impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio 2014. La sociedad, participada al 80% por el Ayuntamiento de Madrid, y al 20% restante por Mantenimiento y Explotación M-30 (propiedad a partes iguales de ACS y Ferrovial), ha tomado como primera medida elevar un recurso ante los tribunales por la mencionada sanción.
La sanción asciende a algo más de 807.000 euros y su origen se encuentra en la liquidación provisional del primer pago del impuesto de Sociedades de 2014
El recurso de la compañía ha hecho que, por el momento, no haya llevado a cabo ningún tipo de provisión a causa de la sanción administrativa, al considerar improbable que el proceso judicial se resuelva con un resultado contrario a la sociedad. La reclamación se ha elevado ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid.
En el caso de esta sanción confluyen dos elementos significativos. En primer lugar, Madrid Calle 30 es una de las empresas municipales que más polémica ha levantado desde el punto de vista económico, debido tanto a los sobrecostes que se atribuyen a los faraónicos trabajos de reforma de la autopista de circunvalación (que finalmente se fueron por encima de los 6.000 millones de euros) como por el hecho de que en 2012 el Ayuntamiento de Madrid se subrogara la deuda que hasta entonces acumulaba la sociedad, que ascendía a más de 2.200 millones de euros.
A la caza del fraude fiscal
El segundo elemento a tener en cuenta es el hecho de que la Agencia Tributaria ha redoblado los esfuerzos para detectar posibles irregularidades e infracciones en la liquidación de los impuestos, especialmente en lo que se refiere a los grandes contribuyentes, entre los que destacan las empresas.
Precisamente, Madrid Calle 30 está en el foco de todas las miradas a causa de la auditoría que sobre las cuentas del Ayuntamiento en los últimos años ha encargado el nuevo equipo de gobierno del Consistorio, encabezado por la alcaldesa, Manuela Carmena.
La auditoría pretende arrojar luz sobre los últimos cuatro años, en los que el bastón de mando ha estado durante prácticamente toda la legislatura en manos de Ana Botella. Sin embargo, fue su antecesor en el cargo, el ex ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, el que impulsó la remodelación de la M-30 y el modelo para la gestión del activo.
Beneficio de 59 millones
De esta forma, la sanción tributaria añade un nuevo foco de controversia a la infraestructura, protagonista de no pocos plenos municipales y fruto de enfrentamientos entre los distintos grupos con representación en el Consistorio de la capital.
Madrid Calle 30 cerró el ejercicio 2014 con un beneficio de algo más de 59 millones de euros. Sus ingresos se elevaron a 125,7 millones de euros, procedentes del canon que el Ayuntamiento abona por los servicios que presta la compañía, encargada principalmente del mantenimiento de la vía. La sociedad abonó cerca de 25 millones de euros en impuestos sobre sus resultados de explotación.
