"Oh no, otra vez ella no, no puede ser, por Dios", parece pensar Florentino Pérez en la imagen que ilustra esta información, una fotografía tomada por la agencia Efe el pasado mes de junio, cuando el Real Madrid de baloncesto acudió al Ayuntamiento de Madrid para celebrar su último título de campeón de Liga. Pérez se cubre la cara con una mano, frunce el ceño y se ajusta las gafas mientras la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, dice unas palabras. Algo parecido se le debió pasar por la cabeza al presidente del grupo ACS cuando en julio el Ayuntamiento conminó a su grupo de construcción a finalizar de una vez por todas unas obras en el paseo de la Dirección; o cuando el pasado mes de septiembre la alcaldesa advirtió que estudiaba la posibilidad de que los servicios de limpieza y recogida de residuos en la capital volvieran a ser prestados por el Ayuntamiento, lo que paralizaría un macrocontrato de 1.000 millones por el que el grupo ACS tenía previsto pujar.
En todas estas ocasiones es posible que Florentino Pérez recordara aquellos años de la década de los ochenta del pasado siglo cuando estuvo a punto de perder la casa y el coche, por decisión de Manuela Carmena.
La actual alcaldesa de Madrid era a mediados de los años ochenta una reconocida magistrada progresista, cofundadora del despacho laboralista en el que se produjo la matanza de Atocha de 1977. En 1986 había recibido el Premio Nacional Derechos Humanos. Era entonces la juez titular del juzgado de Primera Instancia número 19 de Madrid.
Florentino Pérez, ingeniero de caminos, era por aquella misma época un prometedor empresario, vicepresidente de Construcciones Padrós, que había hecho sus pinitos en política. Había sido concejal del Ayuntamiento de Madrid entre 1979 y 1982, año en el que cesó en UCD. Para las elecciones generales de 1986 se embarcó en la que posiblemente sea la aventura política más desastrosa de la democracia española, la del Partido Reformista Democrático (PRD).
El PRD no logró ningún escaño en las generales de 1986 y prácticamente se disolvió la noche de los comicios
La creación del PRD se fraguó a mediados de los años ochenta en torno a la figura de Miquel Roca Junyent, uno de los padres de la Constitución, abogado hoy de la infanta Cristina, apoyado por Antonio Garrigues Walker, que provenía del Partido Democrático Liberal y que sería el presidente del nuevo partido, y con Florentino Pérez como secretario general. El PRD, liberal, centrista, recibió un fuerte apoyo financiero. Las crónicas de la época cuentan que la banca y la gran empresa veían en el PSOE, que había desmantelado el imperio Rumasa, una amenaza para sus intereses, y que regaron con miles de millones de pesetas al PRD para la campaña electoral de 1986.
A pesar de los ilustres nombres que integraban el PRD y del dinero con el que contaba, el partido no consiguió ni un solo escaño en las generales de ese año, 194.538 votos. La misma noche de los comicios, el PRD prácticamente quedó disuelto. A sus puertas no llamarían ya potenciales votantes, pero sí algunos acreedores.
La compañía de aviones privados Gestair demandó al PRD en 1986 por no haber recibido un pago de 2,9 millones de pesetas. El caso cayó en el juzgado del que era titular Manuela Carmena y, en 1987, el partido fue condenado a pagar dicha cantidad más intereses. Pero habiendo sido instada la ejecución de sentencia firme, no se efectuó pago alguno. Tamaña afrenta de la casta no iba a permitir Carmena.
En octubre de 1988 el juzgado requirió a Florentino Pérez y a otros integrantes del PRD que pagaran disponiendo que si los requeridos se abstenían de hacerlo "se tendrían por designados las casas de sus respectivos domicilios, automóviles que pudieran poseer y los salarios o cuentas corrientes que pudieran tener".
Florentino Pérez y el resto de afectados interpusieron recurso de reposición y solicitaron nulidad del acto judicial alegando que se habían infringido sus derechos "al pretender embargar bienes de personas que no habían sido parte en el proceso". Demasiado tarde. Carmena desestimó los recursos presentados en dos ocasiones. El hoy presidente del Real Madrid no tuvo más remedio que acudir al Tribunal Constitucional, al que dirigió recurso de amparo.
Varapalo del Constitucional
En 1989 el Constitucional admitió a trámite la demanda de amparo presentada por Florentino Pérez y sus compañeros de partido. El Fiscal presentó escrito el 30 de junio de ese mismo año sosteniendo que la medida del juzgado "trata de dirigir el requerimiento de pago y el apremio contra personas que no fueron demandadas, condenadas, ni oídas en el juicio, ampliando a ellas la eficacia de la sentencia pronunciada en un proceso que les fue extraño".
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional comunicó su sentencia sobre el caso el 22 de abril de 1991. Ese año Manuela Carmena era juez de vigilancia penitenciaria número 1 de Madrid. Florentino Pérez había dejado atrás definitivamente la política y era miembro del consejo de administración de la constructora francesa Societé Auxliaire D'Enterprises; dos años después sería presidente de OCP Construcciones, que en 1997 se fusionaría con la constructora Ginés Navarro dando lugar a ACS.
Del contenido de la sentencia se deduce que Manuela Carmena se había excedido al actuar contra personas físicas cuando la demandada era una persona jurídica. En los fundamentos jurídicos de la sentencia de 1991, el Constitucional explica que mediante la providencia de octubre de 1988 se trataba de hacer efectiva la sentencia de junio de 1987 que había condenado al PRD al pago de esos 2,9 millones de pesetas, pero no en el patrimonio de la persona jurídica condenada (el partido político), sino "en los bienes de los ahora recurrentes, que no habían sido condenados y ni siquiera parte y a quienes la propia providencia impugnada negó la legitimación cuando trataron de recurrirla". La sentencia dice que se "colocó a los demandantes de amparo en una situación de indefensión que vulnera el artículo 24.1 de la Constitución" y se declaró la nulidad de aquella providencia en lo relativo al embargo de los bienes de los afectados.
Con la sentencia del Constitucional bajo el brazo, Florentino Pérez suspiraría aliviado y quizá pensara haberse quitado de encima a esa puñetera magistrada. Quién le iba a decir a principios de los años noventa del pasado siglo que 25 años después esa misma juez sería la persona de cuyas decisiones dependerían millonarios contratos y obras públicas en la ciudad de Madrid y a cuyo despacho tendría que acudir a rendir pleitesía.
