El gigante del aluminio Alcoa, que emplea en Galicia y Asturias a unas 2.000 personas, ha entrado de lleno en la precampaña electoral del 26J, pero también en la antesala de los comicios gallegos que se celebrarán en otoño. La compañía estadounidense ha comenzado a presionar a los gobiernos central y gallego para que se 'retraten' en plena campaña y le diseñen una tarifa energética a la carta. De no ser así, amenaza la compañía, las tres plantas de aluminio (las gallegas de Coruña y San Cibrao y la asturiana de Avilés) se venderán o, en el peor de los casos, se cerrarán o se verán sometidas a duros Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
Desde hace unos días, el presidente de Alcoa España, Rubén Bartolomé, ha ido sembrando el miedo entre los comités de empresa de las tres plantas, lanzando el globo sonda, sin concretar, de que la compañía tendrá que tomar medidas drásticas si no se consiguen unas tarifas eléctricas ad hoc que permitan hacer rentable la actividad aluminera.
La estrategia está clara: la pelota está en el tejado de la Xunta y especialmente, del Gobierno central en funciones, que a través del Ministerio de Industria y Energía debería publicar en el BOE este mismo mes o en julio la orden ministerial para la asignación de la potencia energética destinada a la interrumpibilidad.
Feijóo vuelve a presionar: lo hizo en 2014 y consiguió que Rajoy cediera al chantaje de Alcoa y lo hace ahora para evitar que el problema le estalle en campaña
En román paladino, lo que cobran las grandes compañías industriales del sistema por estar disponibles para parar sus procesos productivos en caso de que haya uno pico de demanda eléctrica nacional que ponga en riesgo el suministro.
Gigantes como Alcoa, Acerinox, AcerlorrMittal, Atlantic Cooper, Holcim y Cemex, sobre un total de 30 grandes corporaciones industriales, se han embolsado 3.000 millones de euros desde 2009 por un servicio de interrumpibilidad que no se usa desde ese año. Fue la última vez que Red Eléctrica tuvo que pedir la parada industrial de algunas plantas por temor a que hubiera un colapso energético en España. Una situación que ahora es imposible porque hay sobrecapacidad de generación eléctrica en el país, con más de 100.000 megavatios instalados.
Los expertos y la Comisión Europea sospechan que estas subvenciones son ayudas de Estado encubiertas. Sin embargo, de ellas dependen los empleos de más de 100.000 personas en España y para un gobierno es muy difícil cortar por lo sano unas prebendas que salen muy caras a los consumidores, que son los que a través del recibo de la luz las sufragan.
Es la baza que siempre ha jugado Alcoa. Ya en 2014 amenazó con despedir a 800 empleados de sus fábricas si el Gobierno no le concedía toda la potencia interrumpible que necesitaba para hacer rentable su actividad gracias a disfrutar de una tarifa eléctrica subvencionada. El ahora dimitido ministro de Industria, José Manuel Soria, accedió al chantaje y les dio más potencia, consiguiendo así frenar los despidos.
El Gobierno aprobará una orden ministerial en unas semanas para conceder a Alcoa y al resto de grandes industrias más de 500 millones en ayudas
La historia se repite en junio de 2016, cuando la compañía ha revuelto a todos los trabajadores con su indefinición sobre el futuro. Los comités de empresa ya han pedido a la Xunta de Alberto Núñez Feijóo que presione en Moncloa para que la orden ministerial sea favorable a Alcoa y, por ende, al resto de empresas subvencionadas.
Ya en 2015, el sector se llevó 508 millones de euros, aunque como en años atrás en ningún momento fue necesario utilizar el servicio de interrumpibilidad. Alcoa ha vuelto a ligar su futuro en España a que en 2016, las cantidades no bajen y pueda así garantizar el futuro de las plantas.
Ni el Gobierno central ni la Xunta de Galicia se pueden permitir que vuelvan a salir a las calles los 2.000 empleados de Alcoa para pedir una tarifa eléctrica a la carta para su compañía. Estamos en permanente campaña electoral y el PP no sólo no puede permitirse riesgos innecesarios tanto para ganar en Madrid como para no perder Galicia en las elecciones del próximo otoño.
Así que los expertos consultados vaticinan que Industria, ahora en manos del poderoso secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, diseñará una orden ministerial a gusto de los gigantes industriales que ni por asomo se plantean que la interrumpibilidad baje de los 500 millones de euros conseguidos el pasado año.
