La gran banca acreedora ha decidido no adherirse al nuevo convenio de acreedores que presentó Fernando Martín para salvar a la inmobiliaria Martinsa Fadesa, que tras este rechazo entraría formalmente en causa de liquidación. Según han señalado este jueves a Efe fuentes financieras, la banca acreedora considera que la liquidación ordenada de la compañía es la mejor opción dada la situación actual de falta de liquidez por la que atraviesa Martinsa, condenada además al pago de más de 60 millones de euros en costas tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo.
La banca acreedora de Martinsa entiende que la liquidación de la compañía, que en su día fue una de las inmobiliarias más importantes de España, introducirá control judicial sobre la misma, más transparencia, y permitirá conocer el valor real de los activos con los que cuenta y emplear los fondos obtenidos en resarcir a los acreedores.
El titular del juzgado de lo Mercantil número uno de La Coruña, Pablo González-Carreró, dio de plazo hasta este jueves para que los acreedores de Martinsa Fadesa pudieran adherirse al nuevo convenio de acreedores que la compañía presentó "in extremis" a finales de 2014 en un intento por ganar tiempo ante una más que probable liquidación.
La banca ha optado finalmente por dejar caer a la compañía -con 70 empleados- apelando a la responsabilidad que tienen con sus accionistas y evitando así un planteamiento que lo único que buscaba era que la banca entregase a Martinsa Fadesa 6.000 millones de euros, apuntan las mismas fuentes. En este sentido, aseguran que la propuesta presentada por Fernando Martín no tenía apoyos y no era ni creíble ni viable, y critican que entre las exigencias que planteaba estuviera mantener su sueldo millonario a pesar de las pérdidas que registraba la compañía y su falta de liquidez.
La banca opta por dejar caer a la compañía, con 70 ampliados, apelando a la responsabilidad que tienen con sus accionistas
De hecho, Martinsa no tiene suficiente liquidez para poder hacer frente al pago de las costas del proceso judicial que enfrentó a la compañía, presidida por Fernando Martín, y a los antiguos responsables de Fadesa, a los que acusaba de haber sobrevalorado activos en el marco de la fusión.
Este pago supone más que un escollo para la compañía, que anunció hace un año el impago de una anualidad del convenio de acreedores, que representaba el 1 % y equivalía a cerca de 35 millones. Además, a finales de 2014 debía de hacer frente a un nuevo pago del 12,5 % de la deuda concursal.
El 11 de marzo de 2011, el juzgado gallego aprobó el plan de Martinsa Fadesa para pagar sus 7.200 millones de euros de deuda en un plazo de hasta 10 años y levantar uno de los mayores concursos de España.
Ante la posibilidad de incurrir en un nuevo impago, Martín presentó una modificación del convenio con el que buscaba quedarse con 883 millones en activos (frente a los 1.100 millones recogidos en la anterior propuesta) y con 489 millones de pasivo (frente a los 507 millones anteriores), lo que arroja un déficit patrimonial de 394 millones (desde los 593 millones iniciales). Sin embargo, dos terceras partes del pasivo que estaría dispuesto a asumir el empresario son contingentes, es decir, sólo se transformarían en deuda en determinadas situaciones.
Además Martín proponía hacer daciones en pago con la banca por 1.525 millones. No obstante, en ese importe se incluyen también los préstamos bilaterales por 314 millones que en caso de impago serían ejecutados por las entidades financieras.
El resto, 1.211 millones, iría al sindicato de bancos. Sin embargo, preocupan 990 millones que corresponden a propiedades de Martinsa Fadesa en Hungría y Marruecos, con lo que la inmobiliaria gallega superó oficialmente el concurso de acreedores al que se acogió el 15 de julio de 2008, el mayor de la historia de España.
