Mercasa ha contratado en Panamá al mismo bufete con el que en su momento trabajó la familia Ruiz-Mateos, el hijo menor de Jordi Pujol, la hermana de Rodrigo Rato, o el padre del exfiscal jefe Anticorrupción del Estado, Manuel Moix.
La compañía pública española, participada por la Sepi y el Ministerio de Agricultura, que gestiona los mercados de abastos -Mercamadrid, Mercabarna, Mercavalencia...- ha contratado a Morgan & Morgan a raíz de la reestructuración emprendida por la compañía tras verse salpicada por los casos Lezo y Defex y la paralización de gran parte de su actividad en Panamá. El bufete panameño es uno de los mayores despachos del mundo especializados en la creación de sociedades offshore.
De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el nuevo presidente de Mercasa, David Martínez, se reunió con abogados de Morgan & Morgan en Panamá a finales del pasado verano y trató de entrevistarse con el alcalde José Isabel Blandón, pero el encuentro no se produjo.
El pasado 19 de abril agentes de la Guardia Civil registraron la sede central de Mercasa
Las mismas fuentes señalan que la actividad de Mercasa en Panamá se ha visto reducida al mínimo tras las investigaciones judiciales en marcha que afectan a la compañía pública española y subrayan que hay retenidos 1,6 millones de dólares en el país. "Hay una secretaria subcontratada, un abogado local de PwC y los abogados de Morgan & Morgan, ahora esa es la estructura con la que cuenta Mercasa en Panamá", advierten.
Desde Mercasa, con la que este diario se puso ayer en contacto, se indicó que la empresa trabaja con varios despachos de abogados en los países en los que está presente, sin ampliar más la información, y aseguraron que la compañía mantiene la actividad en Panamá. El pasado mes de noviembre el alcalde de Panamá anunció la rescisión de un contrato con Mercasa para la edificación de un mercado de abastos.
Los contratos de Mercasa en el país centroamericano están en el punto de mira de las fiscalías de España y Panamá. Según la televisión panameña desde hace un año se investiga un contrato por valor de 2,5 millones de dólares para formar a trabajadores firmado entre Mercasa y las autoridades panameñas.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, al frente del caso Lezo, que investiga presuntas actividades ilícitas de Ignacio González, ha detectado que Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, y que era directivo de Mercasa, infló cursos de formación con sobrecostes de hasta el 400% en el país. En un reciente auto, informó El Confidencial, el juez advierte que existen indicios relacionados con la Mercasa de González en Panamá "en relación con una actividad comercial de formación celebrada con las autoridades de aquel país y que fue conseguida por adjudicación directa".
El pasado 19 de abril agentes de la Guardia Civil registraron la sede central de Mercasa en Madrid. En los registros confluyeron dos casos investigados por la Audiencia Nacional. Por un lado el caso Lezo y los presuntos delitos cometidos en la gestión de Canal Isabel II que investigaba el juez Eloy Velasco. Por otro, posibles delitos cometidos por Mercasa en Angola, vinculados al caso Defex investigado por el juez José de la Mata.
A raíz de los registros, la Sepi y el Ministerio de Agricultura reestructuraron Mercasa. Sepi comunicó el 21 de abril la dimisión del presidente de la compañía pública, Eduardo Ameijide, y cesó a Pablo González y a la secretaria general, María Jesús Prieto. La compañía también acabó con su participación en Consorcio Mercasa Incatema, empresa participada por Mercasa y la privada Incatema y que ha desarrollado la construcción de un mercado de abastos en Luanda, capital de Angola.
