Sale Joaquín Almunia y llega Miguel Arias Cañete, se va un comisario con voz propia, mando en plaza e influencia directa en el presidente de la Comisión Europea y llega una especie de director general, un representante de los intereses españoles en Bruselas con las manos atadas, que para sacar adelante cualquier decisión tendrá que contar con la aprobación de dos vicepresidentes.
Cuando más acucia en España y en Europa el problema del suministro y las interconexiones y el presidente Rajoy decide abrir, por fin, la batalla con Francia para que la Península Ibérica deje de ser una isla energética, nos encontramos con que el valedor de estas iniciativas, el que tendrá que defenderlas ante la Comisión está al frente de una Comisaría de Política Energética y Cambio Climático que nace con sus funciones capadas.
Había esperanzas de que al unir en una misma cartera las áreas de Energía y Acción para el Clima, su responsable iba a llegar al cargo con reforzadas competencias. Pero nada más lejos de la realidad, porque como han reseñado estos días expertos en política comunitaria y en temas energéticos, el ex ministro de Agricultura español estará al frente de una Comisaría "de poco peso, de segunda fila y tendrá las manos atadas a la hora de tomar decisiones".
El presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, ha creado una guardia de corps de siete vicepresidencias, a las que tendrán que reportar el resto de comisarios. Y en el caso de Arias Cañete, esa subordinación se produce por partida doble. Por un lado, cualquier iniciativa que ponga en marcha su cartera tendrá que ser sometida al plácet del vicepresidente primero, el holandés Frans Timmermans, mano derecha de Juncker y responsable de Regulación, Relaciones Institucionales, Legalidad, Carta de Derechos Fundamentales y Desarrollo Sostenible.
Pero no termina ahí el filtro que tendrán que pasar las decisiones del español, que también serán supervisadas por el vicepresidente para la Unión Energética, el eslovaco Maros Sefcovic.
Frente al poder de los antiguos comisarios, véase Almunia, la Comisión Juncker apuesta por siete vicepresidencias y reduce el poder de las carteras a meras direcciones generales
En este contexto, el problema para España está en que la contundencia con la que Mariano Rajoy defendió en la última Cumbre europea del clima una mayor interconexión energética con Francia se topará sin remedio con la debilidad del que tendrá que ser su impulsor en el seno de la Comisión, el comisario Arias Cañete.
La Comisión Juncker se ha comprometido a promover y vigilar en los próximos años el proceso para que en 2030, la interconexión transfronteriza entre la Península Ibérica y Francia se sitúa en el 15% de toda la generación eléctrica, frente al pírrico 1,2% actual.
La interconexión siempre ha sido un galimatías y se ha topado con la oposición, más o menos directa, de todos los gobiernos franceses. De hecho, en 2002 se fijó como objetivo alcanzar el 10%, pero el embudo sigue igual de estrecho. "El embudo está casi cerrado, porque que sólo vaya a Francia el 1,2% de la energía sobrante en España es como si no fuera nada. Es casi inexistente esa interconexión", señala una fuente del sector energético.
Rajoy ha conseguido el compromiso de elevar la interconexión con Francia al 15%, pero las decisiones importantes de la iniciativa no dependerán de Arias Cañete, sino de Timmermans y Bratusek
Rajoy, con el respaldo de Portugal e Italia, logró en la Cumbre del 23 y 24 de octubre que la UE reconozca formalmente el problema de aislamiento energético de la Península y arrancó el compromiso de llegar al 15% en estos próximos 15 años. "Por primera vez ve la UE que el aislamiento energético no es un problema nacional sino europeo. Y se compromete a solucionarlo", han señalado fuentes españolas. La nueva estrategia beneficiará a España y Portugal y a los países bálticos, que son las dos zonas con peores conexiones con un mercado energético que aspira a la integración definitiva.
Se retoma el objetivo de interconexión del 10% en 2020, algo que en el caso español los expertos ven inviable, porque habría que poner en marcha y desarrollar, en sólo 5 años, cuatro proyectos de interconexión a través del Pirineo más uno por el Golfo de Vizcaya, tendiendo un cable submarino.
Y el comisario Arias Cañete tendrá que volcar todos sus esfuerzos en sacar todo esto adelante y ganarse la confianza de sus dos nuevos jefes, para que el compromiso conseguido por Rajoy no acabe, como ha venido ocurriendo en los últimos lustros, durmiendo el sueño de los justos en los cajones comunitarios.
Desde la Comisión serán muy vigilantes con la actitud francesa, que a priori esta vez sí que parece dispuesta a facilitar el proceso. Ahora toca reactivar los grupos de trabajo entre los representantes franceses, españoles y portugueses, bajo auspicio de la Unión Europea, y desempolvar los viejos proyectos de interconexión para actualizarlos.
Juncker y los suyos tendrán que vigilar que Francia no vuelva a poner palos en la rueda de la interconexión de la Península Ibérica
También tendrán que movilizar al Banco Europeo de Inversiones (BEI), sin cuyo apoyo y financiación sería imposible sacar adelante los proyectos de interconexión. También jugará esta vez un papel importante el gas que viene de Argelia o por barco a España y 'pide' llegar más arriba de los Pirineos, máxime en momentos como los actuales, en los que la UE busca con celeridad alternativas de suministro al gas ruso, siempre sometidos a las tensiones geopolíticas con Ucrania.
Otro de los temas que tendrá que trabajar Arias Cañete, en este caso con su superior Maros Sefcovic , será el proyecto de Unión Energética. Los 28 buscan un mercado único de la energía y la normalización y homogeneización de los sistemas de apoyo a las energías renovables en todo el espacio comunitario, evitando las 'islas verdes' en las que se han convertido algunos países.
El papel de Arias Cañete aquí es primordial, dado que España es un país que ha conseguido un sorprendente desarrollo de las energías renovables y no sólo necesita exportar sus excedentes, sino también normalizar su sistema, que ha pasado de un apoyo costoso e incondicional a este tipo de tecnologías en los años anteriores a un parón en seco de las mismas por decisión del Gobierno Rajoy.
