El plan para rescatar a las autopistas de peaje en situación de quiebra está a punto de atragantársele definitivamente al Gobierno. El Ejecutivo está tratando de ganar tiempo y ha solicitado a los jueces que se encargan de los concursos más avanzados que aplacen todo lo que puedan el proceso de liquidación de las concesiones para que a Fomento le dé tiempo a articular un convenio que permita el rescate. Aún así, a Moncloa se le acaba el tiempo: o lo resuelve antes del verano o se verá abocado a asumir un coste cercano a los 4.000 millones de euros.
La Justicia ha asestado un duro golpe a los planes del Ministerio de Fomento después de que el titular del juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, que tramita el concurso de acreedores de la AP-36 (Ocaña-La Roda), haya rechazado la propuesta de rescate que el Gobierno ha presentado como convenio de acreedores.
El plan, que incluía una quita del 50% de la deuda y la emisión de un bono a 30 años para el pago del resto, estaba generando discrepancias, sobre todo entre los acreedores extranjeros, pero ahora también ha sido rechazado por los jueces.
Entre otros motivos, el magistrado Andrés Sánchez Magro, considera que el convenio no ha sido aprobado por el Consejo de Ministros y tampoco cuenta con la aceptación por parte de los representantes de los trabajadores de las concesionarias.
Algunos de los procesos de concursos de acreedores de concesionarias que se siguen en los juzgados de lo Mercantil están a punto de concluir sin que se haya presentado un convenio de acreedores, por lo que las sociedades se ven abocadas a la liquidación. Según la estimación del consejero delegado de Ferrovial, Iñigo Meirás, compartida con un grupo de periodistas, al menos cinco de estas sociedades se encontrarían en esta situación en el segundo semestre de este año.
Liquidación en cadena
A falta de afinar el plan y, sobre todo, teniendo en cuenta las apreturas provocadas por un año tan intenso en materia electoral, el Gobierno está tratando de ganar tiempo a la desesperada. Así, ha decidido recurrir el auto del juez Sánchez Magro ante la Audiencia Provincial de Madrid. Y también está tratando de que los magistrados alarguen cuanto puedan los procesos para encontrar una solución.
Uno de los principales riesgos es que una de estas sociedades entre en liquidación, toda vez que los planes del Gobierno están confeccionados para que las ocho concesionarias actualmente en concurso formen parte de una sociedad pública que asuma los activos y los pasivos. Si una de las empresas no forma parte de este proyecto la nueva empresa incumpliría una serie de parámetros exigidos por la Comisión Europea para que dé su visto bueno al plan.
Es decir, la liquidación de una de ellas arrastraría al resto. A partir de ahí, el proceso llevaría a activar el mecanismo de responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA), consistente en que el Gobierno, como propietario último de la autopista cuya explotación ha sido concedida a una sociedad privada, se haría cargo de los pasivos para cumplir las obligaciones de pago tanto con los propietarios de los terrenos que en su día fueron expropiados para la construcción de la carretera, como de las entidades tenedoras de la deuda.
En este caso, la RPA que corresponde a estas autopistas se calcula en torno a los 4.000 millones de euros, que el Estado debería asumir en su totalidad. Una cantidad que, además, computaría como déficit, lo que trastocaría los planes para cumplir con las exigencias de Bruselas en este capítulo.
