"Para influir en una empresa, un Gobierno no necesita comprarse el 10% del capital", asegura el responsable de un banco de inversión extranjero que opera en España. Precisamente por eso, inquieta tanto que Pedro Sánchez haya ordenado un desembarco a lo grande en Telefónica. El afán de ganar poder en el Ibex es indisimulado y hace temer que el asalto al operador sea el primero pero no el último.
En los círculos económicos de la capital se hacen cábalas. Todas las miradas apuntan a tres compañías, en base a la información que emana desde Moncloa. Naturgy está a la cabeza, seguida de Repsol y de BBVA. Las dos últimas tienen un punto en común, que las enlaza además con el 'caso Telefónica'. Ambas vivieron un proceso idéntico de privatización.
El de Repsol se inició en 1991, cuatro años antes que el del operador que preside hoy José María Álvarez-Pallete. La salida del Estado de Telefónica sí transcurrió paralela a la de Argentaria, el grupo público que presidía Fransico González y que acabó fusionándose con BBV. Naturgy no pasó por una privatización, pero también echó a andar con activos estatales. Gas Natural es el resultado de la fusión, en 1991, entre Catalana de Gas y Gas Madrid, que se beneficiaron del traspaso de activos gasistas en manos de la todavía pública Repsol.
La posibilidad de que el Estado regrese a alguna -o algunas- de las tres compañías era absolutamente remota hace apenas un año. Pero el retorno a Telefónica eleva está hipótesis a la categoría de realizable. Por distintas razones.
En primer lugar está la declaracion de intenciones que Sánchez ha hecho con Telefónica. A la Sepi le bastaba con adquirir un 6,7% de la compañía para tener un representante en el consejo de administración. Moncloa también tiene a su disposición herramientas para topar las aspiraciones de la saudí STC, que pretende comprar la décima parte del capital.
El Gobierno, sin embargo, ha optado por adquirir un 10%, sin tener siquiera unos Presupuestos Generales del Estado a los que endosar la factura de 2.000 millones. El dinero ha salido de partidas administradas por el Ministerio de Hacienda, comandado por el miembro con más poder en Ejecutivo y en el PSOE tras el presidente: María Jesús Montero. El cabreo de algunas comunidades autónomas, con problemas incluso de tesorería, no ha impedido que el Estado siga adelante.
El holding estatal se hará con el 10% de Telefónica. Con un 3,4% más, tendría derecho a un segundo consejero. Sin contar con el hombre de José Luis Rodríguez Zapatero infiltrado ya en el consejo: Javier de Paz, a quienes algunos ven incluso como presidente no ejecutivo en la futura Telefónica 'renacionalizada'.
Presión de los socios parlamentarios con Telefónica
Hay una segunda razón que da credibilidad a hipotéticos nuevos 'asaltos'. Tanto el partido que sostiene la coalición como los socios parlamentarios de Sánchez defienden abiertamente la renacionalización de Telefónica y la entrada del Estado en otros grupos estratégicos. "Emprendemos de nuevo un camino que nunca debimos abandonar cuando en los 90 se privatizaron nuestras grandes empresas. El Estado debe estar presente en las empresas estratégicas de nuestro país", aseguró la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, el 19 de diciembre, tras aprobar el Consejo de Ministros la entrada en Telefónica.
"Pues ya que han arrancado no debieran pararse. Podrían hacer algo parecido en Repsol, Endesa, Iberdrola y otras tantas…", escribió el mismo día en su perfil de X Oskar Matute, diputado de EH Bildu. Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, también abogó ese día directamente por la nacionalización, para que Telefónica "no esté al servicio de los mercados".
Con poco margen para gobernar por la ausencia de Presupuestos, Sánchez depende absolutamente de esas formaciones políticas. Pero hay un hecho más que refuerza la tesis del intervencionismo político. Una tercera razón: "Sánchez se ha quedado sin una salida internacional. Ahora sólo le queda España. Por eso aguantará todo lo que pueda para agotar la legislatura", recuerda un consultor que asesora a CEOs del Ibex.
La debilidad del presidente hace temer nuevas maniobras sobre las grandes cotizadas. Naturgy ocupa un lugar preferente en las quinielas por una cuestión de oportunidad. BlackRock compró a finales de enero GIP, el fondo que posee el 20% del capital de la empresa que preside Francisco Reynés.
La operación se cerrará en la segunda mitad del año y en los mercados circula la tesis de que BlackRock ajustará posteriormente su posición en Naturgy, para alinearla con otras participaciones. Por ejemplo, el fondo que lidera Larry Fink controla el 5,3% de Iberdrola y el 5,4% de Enagás. La desinversión parcial de BlackRock abriría una fácil vía de entrada al Estado en Naturgy, cuyas acciones no pasan precisamente por su mejor momento en la Bolsa.
Al igual que Naturgy, Repsol tiene la condición de empresa estratégica para Moncloa. Y la multinacional está a la cabeza actualmente de las empresas más señaladas por Moncloa. La animadversión saltó cuando el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, se atrevió a decir en público algunas verdades que otros directivos sólo mencionan en privado. Hace medio año, denunció la falta de condiciones "estables y suficientemente atractivas para garantizar la rentabilidad de los proyectos" en España. Un motivo más que suficiente para revisar las inversiones previstas por Repsol en España.
Aquellas declaraciones sirvieron para que Moncloa declara la guerra a la compañía, convertida en el blanco de los 'dardos' de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Y eso que Repsol está avanzando a pasos agigantados en su proceso de transformación y descarbonización, con el objetivo de convertirse en una compañía cero emisiones netas en 2050. Los pilares del cambio son los nuevos proyectos industriales bajos en carbono y el aumento de la cartera de activos renovables. Y unas inversiones que superaron los 4.300 millones entre enero y septiembre del pasado año, el 41% en España.
Hace sólo a penas una semana, sin embargo, Ribera admitió su malestar con la "dureza" con la que Repsol "trata a la política verde europea o las decisiones de política industrial y de política económica del Gobierno". El 'rencor' de Moncloa es evidente y da alas a las conjeturas sobre un futuro 'asalto' estatal. La excusa sería, de nuevo, el carácter estratégico de la multinacional, que cuenta con siete complejos industriales, contando los de Portugal y Perú; y 4.500 estaciones de servicio.
Entre las empresas con riesgo, según las fuentes consultadas, suena una más: BBVA. La probabilidad es menor, básicamente, porque el Gobierno ya tiene capacidad de influencia sobre una gran entidad financiera (CaixaBank), a través del Frob. Ahora bien, el banco que lidera Carlos Torres aporta una 'tentación' añadida a la lista de 'deseos' de Moncloa.
A excepción de Telefónica, el Gobierno no podrá hacer ninguno realidad, probablemente, hasta 2025, por las restricciones financieras que supone la ausencia de Presupuestos Generales del Estado. Pero si algo ha demostrado Sánchez hasta ahora es su inmensa capacidad para esperar y resistir. Y, a estas alturas, tiene las puertas cerradas para acomodarse en el puesto internacional que codiciaba.
Sevilla
El dictador quiere tener el control de todo.
dirbal
Recuerdo que cuando telefónica era íntegramente española, estatal, resultaba mas barato que te llamaran de USA que llamar desde España, eran las tarifas mas caras de Europa, puede parecer lógico puesto que el teléfono debía de llegar a todos los pueblos de España y crear la infraestructura cableada era costoso. Hoy en día no tiene sentido alguno, que sea el propio mercado el que se regule, la libre competencia. Sólo queda el espíritu y carácter de los partidos políticos de patrimonializar la riqueza, apropiársela para sus fines partidistas que no de los Españoles. Mafia asquerosa.-