La aprobación provisional de las modificaciones urbanísticas necesarias para el inicio de la operación Chamartín no tendrá lugar en el primer trimestre de 2018, la última referencia temporal con la que se había comprometido el Ayuntamiento de Madrid. Una fecha que ya hacía muy difícil cumplir con los plazos para lograr el objetivo de que la aprobación definitiva del desarrollo urbanístico del norte de Madrid, del que la capital lleva pendiente casi un cuarto de siglo, fuera una realidad antes de la celebración de las próximas elecciones municipales y autonómicas. Con este nuevo retraso, alcanzar ese objetivo es prácticamente imposible.
El asunto no formará parte del orden del día de la comisión de Desarrollo Urbano Sostenible que tendrá lugar el próximo miércoles, con lo que no será elevado al Pleno correspondiente al mes de marzo. El motivo es que la documentación aún no está lista, todavía no ha sido visada por todas las partes implicadas en un proceso que se está haciendo tortuosamente lento, en especial por parte del Ayuntamiento.
Desde que lograra en las negociaciones con el Ministerio de Fomento y la promotora Distrito Castellana Norte (DCN, participada mayoritariamente por BBVA) que la operación Chamartín, rebautizada como Madrid Nuevo Norte, tuviera carácter de iniciativa pública, es el Consistorio el que marca los tiempos. Y los relojes de esos tiempos avanzan demasiado despacio.
La prueba es que a finales del pasado mes de julio, cuando las tres partes anunciaron a bombo y platillo que habían alcanzado un acuerdo para darle un impulso definitivo a la operación, se habló de finales de 2017 como fecha tope para haber terminado de redactar el proyecto y llevarlo a Pleno para su aprobación provisional. El Ayuntamiento apuntó poco después al mes de enero de 2018 y, a finales del pasado año, ya empezó a insinuar que el trámite se llevaría a cabo en el transcurso del primer trimestre. Tampoco será.
Trámites lentos, ataduras políticas
Aquel principio de acuerdo se basaba en una serie de líneas fundamentales que deberían respetarse a la hora de elaborar el proyecto definitivo (cuestiones relacionadas con aspectos como la edificabilidad del ámbito). Pese a que entonces parecía que todo estaba claro, fuentes conocedoras de la situación apuntan que, desde ese momento, han sido continuas las modificaciones que ha habido que introducir en el proyecto. Tanto es así que, según esas fuentes, el número de versiones del mismo que han pasado por manos de los técnicos se aproxima a las treinta. Y aún no hay plácet.
Paradójicamente, una de las principales perjudicadas por esta situación es la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Los planes de la líder de Ahora Madrid es optar a la reelección en los comicios del próximo año. Y que uno de los catalizadores de su campaña sea, precisamente, haber logrado desbloquear la eterna operación Chamartín tras casi 25 años y, además, haber logrado que el proyecto se haya modificado para adaptarse a sus ideales urbanísticos, diferentes de aquellos incluidos en el plan que en 2015 a punto estuvo de aprobar la corporación municipal liderada por Ana Botella.
Sin embargo, las disensiones internas en Ahora Madrid, donde no todos los concejales están de acuerdo con apostar por Madrid Nuevo Norte pese a esas modificaciones, están complicando la estrategia de Carmena. Aunque sabe que cuenta con una mayoría más que suficiente para sacar adelante el proyecto en el Ayuntamiento, para la alcaldesa sería un punto negativo que concejales de su propia formación votaran en contra en el Pleno. Sería algo que podría ser empleado por la oposición como arma arrojadiza. De ahí que los trámites se estén retrasando a la espera de encontrar una posible salida política que no termina de llegar.
La cambiante actitud de Adif
A todo esto se ha sumado un nuevo elemento que complica la situación. Desde que el presidente de Adif, Juan Bravo, fuera imputado por la causa que el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón sigue por el denominado 'caso Lezo', sobre la presunta corrupción en el entorno de la Comunidad de Madrid, la actitud de la compañía pública en lo tocante a la operación Chamartín no ha sido la misma.
Adif ha representado los intereses del Ministerio de Fomento en las negociaciones, en tanto en cuanto es una de las principales afectadas puesto que buena parte de los terrenos del ámbito son de su propiedad (junto con la operadora pública Renfe). Pero sus últimas actuaciones en torno al desarrollo urbanístico (del que será uno de los principales beneficiados tanto por el dinero que recibirá a cambio de los terrenos como por la construcción de una nueva estación de Chamartín, junto al nuevo centro de negocios) han contribuido más a atascar el proceso que a agilizarlo. Un escenario que algunos observadores han atribuido a la situación personal de Bravo.
El acuerdo entre Adif y DCN para el traspaso de los terrenos está vigente hasta finales de 2018, tras haber sido prorrogado dos años en 2016, cuando estaba a punto de vencer sin que la operación Chamartín estuviera ni siquiera planteada en el Ayuntamiento.
Complicado calendario
Aún resta algo más de un año para las elecciones municipales y autonómicas pero el complicado proceso burocrático de este tipo de modificaciones explica la premura de tiempo. Tras la aprobación provisional del plan se abre un periodo de consulta pública, que se extiende durante cerca de dos meses, tras el cual hay que estudiar las alegaciones realizadas tanto por los ciudadanos como por organizaciones y colectivos e incluso por Administraciones Públicas. Como referencia, cuando intentó tramitarse la operación Chamartín por última vez, en la primavera de 2015, llegaron hasta el Ayuntamiento más de 2.000 alegaciones al proyecto tras su aprobación provisional.
Posteriormente, el Ayuntamiento debería incorporar al proyecto aquellas alegaciones que considerara oportunas, lo que obligaría a adaptar el plan para tenerlo listo con el fin de someterlo a aprobación definitiva. Pero ahí no termina el recorrido: la Comunidad de Madrid debe también dar el visto bueno al proyecto. Una Administración que, bajo el mandato de la actual presidenta, Cristina Cifuentes, se ha desentendido de las negociaciones en torno a Madrid Nuevo Norte (con cuyo acuerdo se mostró un tanto crítica) y espera a que le presenten el plan definitivo para pronunciarse.
El próximo miércoles, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid preguntará al delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, por Madrid Nuevo Norte y los motivos por los que el proyecto aún no ha sido elevado a Pleno para su aprobación provisional. Aun resta más de un año pero, en realidad, la campaña de las municipales ha empezado. Y, en este caso, hay 6.000 millones de euros de inversión en juego.
