Las relaciones entre Pemex y Repsol, actualmente en pleno proceso de reconstrucción, vivieron el año pasado sus horas más bajas, pero esa tensión no se reflejó en las operaciones vinculadas (contratos comerciales entre accionistas significativos) registradas entre Repsol y Pemex, que alcanzaron en 2011 la cifra récord de 3.531 millones de euros, según el informe de gobierno corporativo de la petrolera española.
Esa cuantía supone un 48% más que en 2010, debido, sobre todo, a un contrato de suministro de crudo mexicano por importe de 85.000 barriles diarios (frente a los 71.000 de 2010). El repunte se produjo en plena trifulca accionarial por la alianza de Pemex y Sacyr, en un ejercicio en el que México supuso un 11,7% de las importaciones de crudo a España, un porcentaje similar al de 2010, según Cores.
Las operaciones vinculadas entre Repsol y Pemex fueron muy superiores a las registradas con el primer accionista de la petrolera, La Caixa (1.373 millones) y Sacyr (0,4 millones).
En agosto pasado, la mexicana duplicó su histórica participación en Repsol, hasta el 9,5%, y se alió con Sacyr para intentar dar un giro a la gestión de Antonio Brufau, presidente de la petrolera española. La entente fracasó cuando, en diciembre, la constructora tuvo que entregar la mitad de su participación (hasta el 10%) a la banca, al no poder hacer frente a sus créditos, y en febrero Repsol y Pemex anunciaron una alianza para buscar oportunidades de negocio conjuntas. A largo plazo, a la española le interesa sobre todo el acceso a los recursos petroleros de México, que la legislación de ese país veta a las compañías extranjeras.
El mazazo del asalto argentino a YPF ha golpeado a Repsol y, por extensión, a Pemex, que la semana pasada admitió, por boca de su director de Exploración y Producción, Carlos Morales, que la expropiación le afecta “en la medida en que afecte a Repsol”. El apoyo de México a Repsol puede suponer una baza para la empresa española en la estrategia que, en varios frentes (sobre todo, el jurídico y el diplomático), ha emprendido para intentar lograr una compensación justa por la expropiación de su filial argentina. La semana pasada, el secretario mexicano de Economía, Bruno Ferrari, se ofreció como mediador entre los Gobiernos de Argentina y España si el Ejecutivo español así lo cree oportuno.
