José de la Mata Amaya, magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ha requerido, a petición del Ministerio Fiscal, información a BDO, auditora de Pescanova durante diez años, hasta el ejercicio 2013, sobre préstamos de más de cien millones de euros realizados entre la multinacional pesquera y su filial Novapesca Trading.
En una diligencia comunicada la pasada semana el juez del caso Pescanova explica que el pasado mes de abril se solicitó a BDO contratos de asunción de deuda suscritos entre el grupo gallego y Novapesca que fueron recabados por la auditora para realizar la auditoría del ejercicio 2012. BDO contestó en escrito en junio que no figuraba ningún contrato de este tipo en sus papeles de auditoría del año 2012; pero, según informó la auditoria en 2013, sí existían contratos similares firmados el 29 de diciembre de 2010 (por valor de 102,3 millones) y 2011 (dos contratos, de 134,4 millones y de 82,1 millones). Por su parte Pescanova envió al juzgado copia de siete contratos de asunción de deuda, entre ellos uno de abril de 2011 por 102,3 millones y otro de abril de 2012 por 134,4 millones.
El caso Pescanova explotó el 28 de febrero de 2013 al no formular sus cuentas de 2012.
A raíz de esa información el Ministerio Fiscal emitió un informe al respecto el pasado mes de julio, del que se deduce que el contrato de asunción de deuda por parte de Pescanova de abril de 2011 por 102,3 millones no fue aportado por BDO; sin embargo, la auditora sí aportó contrato de 20 de diciembre de 2010 por el que Novapesca Trading había asumido esa misma deuda meses antes. Tampoco BDO aportó el contrato de asunción de deuda por parte de Pescanova de abril de 2012 por importe de 134,4 millones; la auditora sí entregó un contrato de 29 de diciembre de 2011 por el que Novapesca había asumido esa misma deuda meses antes.
En los próximos días BDO tiene previsto enviar al juez las explicaciones pertinentes, consistentes en que se trata de otro caso de ocultación de deuda al estar esta contraída con terceros y no incluida en el perímetro de consolidación. Lo que habría hecho Pescanova bajo la presidencia de Manuel Fernández Sousa es anular el contrato unos meses antes del cierre para darlo de alta de nuevo una vez había sido entregado el informe de auditoría por parte de BDO.
El caso Pescanova explotó el 28 de febrero de 2013, cuando la compañía informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que no formulaba las cuentas de 2012; en marzo de ese año comunicó al regulador que había detectado "discrepancias" contables. El importe real de la deuda de Pescanova está en el centro del escándalo contable de la empresa. Hasta febrero de 2013 había comunicado tener una deuda de 1.500 millones de euros, pero después se supo que la deuda real superaba los 3.500 millones de euros.
Por esta razón los movimientos de deuda entre Pescanova y sus filiales son seguidos de cerca por la fiscalía. En particular, sobre la relación con Novapesca, "manifiesta el ministerio público que se trata de un trasvase importante de deuda entre Pescanova y su filial realizado estratégicamente al final de los ejercicios 2010 y 2011 que en ambos casos se recupera pocos meses después", dice el escrito del juzgado de la Audiencia Nacional de la pasada semana, al que ha accedido Vozpópuli. El juez requiere a BDO que explique el "motivo técnico, si lo hubiere" por el cual el contrato de asunción de deuda de Pescanova de marzo de 2012 por importe de 134,4 millones no fue reclamado a Pescanova para realizar la auditoría del ejercicio 2012.
La maraña contable de Pescanova es tal que recientemente la multinacional gallega envió a la CNMV, en respuesta a requerimiento de información por parte del regulador efectuado a finales de agosto, explicaciones sobre la salvedad apuntada en las cuentas del grupo de 2013, relativas a la incapacidad de cuantificar saldos y transacciones de ejercicios pasados. La compañía aportó las indicaciones del nuevo auditor del grupo, EY, según las cuales ya en la auditoría del ejercicio 2014 se apuntó que no era posible "concluir acerca de la razonabilidad" de diversos importes incluidos en las cuentas de 2013.
BDO Auditores, y el socio de la firma Santiago Sañé, fueron imputados por el juzgado de la Audiencia Nacional por un presunto delito de falseamiento de información económica-financiera en el caso Pescanova. Según las cuentas de 2011 de la sociedad Novapesca Trading, la filial de Pescanova terminó ese ejercicio con una deuda total de 808 millones de euros. Su objeto social es el de la adquisición y transmisión de acciones, y la administración "de toda clase de negocios". De acuerdo a esas cuentas, Novapesca Trading contabiliza como inmovilizado material cinco buques.
