El fondo estadounidense Broadbill adquirió el 6,1% de Pescanova que mantenía Grupo Damm a menos de cinco céntimos la acción. De acuerdo a fuentes conocedoras de la operación, Broadbill compró a un precio de entre tres y cinco céntimos de euro. La transacción se efectuó a finales del pasado año, y aunque fue comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en la documentación presentada no se hizo referencia al importe. Las fuentes consultadas indican que el regulador del mercado ha solicitado dicha información y que esta será publicada en los próximos días.
Con la adquisición del paquete accionarial que mantenía el grupo de la familia Carceller en Pescanova, Broadbill se convirtió en el primer accionista alcanzando el 11,5% del capital. La compañía gallega tiene como principal activo el 20% de Nueva Pescanova, la sociedad resultante del acuerdo de reestructuración financiera que puso fin al concurso de acredores de la multinacional pesquera. En la actualidad Nueva Pescanova está controlada por los principales bancos acreedores, con una cifra de negocio anual cercana a los 1.000 millones de euros.
Broadbill ha contado con el apoyo en junta de accionistas del anterior presidente, Manuel Fernández Sousa
Grupo Damm valoró en 40 millones de euros la cantidad invertida y perdida en Pescanova. La compañía de la familia Carceller era uno de los accionistas de referencia de la empresa pesquera y cuando saltó el escándalo contable -en febrero de 2013 se desveló que Pescanova ocultaba una deuda multimillonaria y poco después se declaró en concurso de acreedores- trató de llegar a un acuerdo con la banca para reflotar y administrar el grupo, sin éxito.
Pescanova fue suspendida en Bolsa en marzo de 2013 cuando cotizaba a 5,91 euros por acción. Damm provisionó 21 millones de euros en sus cuentas de 2013 por la caída del valor de su participación en Pescanova. Demetrio Carceller, presidente de Damm, manifestó en 2014 en un encuentro con medios de prensa con motivo de la presentación de resultados de la cervecera, que Pescanova había sido "una puñetera estafa" y que daba por perdidos los 40 millones invertidos en la empresa.
En la antigua Pescanova se mantienen como accionistas el anterior presidente Manuel Fernández Sousa, imputado por varios delitos relacionados con la estafa contable, y los fondos Luxempart y la inversora asturiana Carolina Masaveu, los tres con poco más de un 7% del capital, según los registros de la CNMV. Cerca de 10.000 accionistas minoritarios quedaron atrapados en Pescanova cuando la empresa fue suspendida en Bolsa. También el fondo estadounidense Cartesian, con el 5%.
Representantes de los accionistas minoritarios de Pescanova han reclamado la vuelta a cotización de la empresa y poder vender sus títulos en el mercado. En el hipotético caso de que la empresa volviera a cotizar, el valor se hundiría desde los 5,9 euros por acción a los que fue suspendida. El precio de los tres o cinco céntimos de euros a los que Broadbill compró la participación de Damm puede servir como triste referencia a los antiguos accionistas.
Ampliación de capital
El fondo Broadbill se incorporó al accionariado de Pescanova en febrero de 2015 tomando el 3,7%. Con la compra a Damm de su participación a finales del pasado año alcanzó el 11,5%, y desde esa posición ha tratado en la última junta de accionistas celebrada este mes por la compañía la adhesión al plan de negocio y financiero de Nueva Pescanova. Dicha adhesión supondría sumarse a una ampliación de capital que reduciría el peso de Pescanova en Nueva Pescanova del 20% actual a menos del 3%, previsiblemente.
Hasta ahora Broadbill ha contado con el apoyo de Fernández Sousa, pero no ha conseguido convencer al resto de accionistas de su propuesta de sumarse a la ampliación de capital de Nueva Pescanova. Los otros inversores han defendido hasta ahora acudir a los tribunales para impugnar la ampliación, aunque admiten que si se perdiera el litigio podría ponerse en riesgo la viabilidad de Pescanova. Fuentes jurídicas indican que en todo caso, Nueva Pescanova recurriría sentencias en contra hasta llegar al Supremo, lo que derivaría en un proceso legal que tardaría varios años en culminar.
