El debate en torno a la posibilidad de que la central nuclear de Santa María de Garoña vuelve a la actividad arroja muchas dudas, aunque el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) despejó dos de ellas: las condiciones que tendrá que cumplir Nuclenor en materia de seguridad para que la instalación vuelva a ser operativa y que llegar hasta ellas será costoso, muy costoso, tanto desde el punto de vista económico como temporal.
En un hecho prácticamente sin precedentes, el pleno del CSN, con su presidente, Fernando Marti a la cabeza, compareció ante la prensa para exponer las principales características del informe que establece las condiciones con las que Garoña podría volver a la actividad, después de cuatro años de parón. Entre tecnicismo y tecnicismo, algún mensaje en lenguaje del pueblo pudo extraerse. Sin ir más lejos, que la adecuación de la central a lo requerido en el informe del organismo regulador, compuesto principalmente por diez condiciones y quince instrucciones técnicas complementarias (algunas de ellas muy severas), llevaría como poco un año.
Fue una estimación lanzada a vuela pluma por Antonio Munuera, director de Seguridad Nuclear, aunque posteriormente tanto él mismo como algunos consejeros no dudaron en matizar que justo delante de la previsión convendría añadir un "al menos".
Fuentes del sector aseguran que los trabajos que tendría que realizar Nuclenor para obtener el visto bueno del CSN con vistas a realizar la carga de combustible llevarían aproximadamente un par de años. Eso sí, siempre y cuando todo fuera rodado, es decir, en un escenario ideal en el que no se dieran circunstancias más que probables como retrasos en las obras, intercambio de pareceres entre los accionistas de Nuclenor (Endesa e Iberdrola, al 50%), y siempre y cuando se obtuviera el visto bueno a la primera por parte del propio organismo supervisor.
El Gobierno, principal interesado
Y mientras todo eso sucede, las inversiones tendrían que ponerse en marcha, con la incertidumbre de cuándo podrían empezar a amortizarse (es decir, cuando podría la central a generar ingresos) y cuánto tiempo de vida le concederá el Gobierno.
Precisamente, la incertidumbre política es otra circunstancia a tener en cuenta. Las eléctricas tendrán que valorar hasta qué punto les compensarán las inversiones en Garoña con el peligro de que un cambio de Gobierno frustre los planes. La autorización solicitada para este caso es de 20 años pero, una modificación normativa podría dejarla en la mitad o bien determinar que la siguiente revisión será la última.
Precisamente, al Gobierno actual, sin duda el más interesado de todos los actores de esta historia en que la vida de las centrales nucleares se prolongue, corresponde la última palabra sobre el permiso para reabrir Garoña. El CSN ha puesto los deberes que, en cualquier caso, deben cumplirse.
El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha marcado un plazo de seis meses (que ha sorprendido al sector, que asegura desconocer la existencia de una indicación temporal en este sentido) para tomar una decisión. Nadal asegura estar dispuesto a hablar con todos aquellos que quieran exponer su postura en relación con el debate nuclear. Nadie duda de la intención del Ejecutivo en este asunto pero la decisión tampoco será inmediata.
La cuestión que se plantea es si cuando llegue la hora de abrir de nuevo Garoña no habrá pasado ya demasiado tiempo y las eléctricas hayan decidido ir por otro camino a la hora de determinar sus inversiones.
