La Generalitat, el Defensor del Pueblo catalán (El Síndic de Greuges) y otras instituciones de esta comunidad autónoma han pasado a la ofensiva contra la indemnización de 1.350 millones de euros que el Gobierno central ha decidido pagar a Florentino Pérez por el cierre definitivo del Castor.
Los servicios jurídicos del Ejecutivo de Artur Mas están estudiando las diferentes vías de impugnación del Real Decreto Ley 13/2014 aprobado por el Consejo de Ministros, que obliga a los casi 7,5 millones de titulares del recibo del gas en España a asumir por entero el coste de esta indemnización más intereses por un periodo de 30 años.
La Generalitat apelará a la Comisión Europea para que se pronuncie sobre si esta decisión se ajusta al derecho comunitario e impulsará "todas las medidas jurídicas" necesarias para defender los intereses de los consumidores y de los sectores económicos de Cataluña.
Asimismo, exigirá que el Ejecutivo de Rajoy haga públicos todos los estudios e informes que haya encargado o recopilado sobre los fallos del proyecto, los episodios sísmicos que ocasionó desde el inicio de los trabajos relativos al almacenamiento de gas y los costes que haya provocado toda la operación.
La Generalitat elevará el relato de los hechos a Bruselas para que se pronuncie sobre si la decisión está acorde con las normas del mercado interior y no suponen una ayuda encubierta de Estado al grupo ACS, que era titular del almacén de gas a través de su filial Escal, que es la que hace unos meses presentó su solicitud de devolución de la autorización de explotación de la infraestructura.
Los consumidores tendrán que pagar una media de 630 euros por el coste a 30 años del cierre del almacén devuelto al Estado por ACS tras los terremotos
El Ejecutivo no sólo ha aceptado la reversión de esta concesión al Estado, prebenda que el Gobierno de Zapatero otorgó a Florentino Pérez, sino que ha aprobado la indemnización en un tiempo récord, para evitar males mayores.
Moncloa no podía permitirse un impago por parte de ACS de cara a sus bonistas, entre ellos el BEI, por el impacto negativo que ese default hubiera tenido en la credibilidad de los inversores en España.
Pero la compensación por el Castor se convertirá en una gravosa factura a pagar por el sistema gasista durante tres décadas. Los 1.350 millones de euros se convertirán en 30 años y una vez aplicado el interés anual del 4,27%, en 4.731 millones. Ése es el monto global con el que cargarán todos los consumidores de gas, según la OCU.
Por su parte, el Defensor del Pueblo catalán, Rafael Ribó, también están en campaña en contra del pago de esta indemnización y pedirá a la Generalitat, al Parlamento catalán y al Defensor del Pueblo español que promuevan un recurso ante el Tribunal Constitucional para que invalide el Real Decreto que aprobó la indemnización.
Cataluña está especialmente sensibilizada por el problema del Castor, dado que en las Tierras del Ebro (Tarragona) se notaron algunos de los más de 500 terremotos que provocó la inyección de gas por parte de Escal en el almacén. El foco se situó en el norte de Castellón, frente a las costas de Vinaroz, pero la zona sur de Cataluña también se ha visto afectada por el despertar de la ya conocida como Falla Castor.
