Los consumidores que abonan el recibo del gas pagarán el coste de cerrar el Castor e indemnizar a su dueño, ACS; un pool de tres bancos españoles aportará el préstamo de 1.430 millones de euros para cubrir ese gasto, que será recuperado durante los próximos 30 años vía tarifa del gas; y Enagás, el operador del sistema será el encargado de hibernar el almacén, cerrarlo y ejercer de vehículo intermediario para que todo esto ser formalice.
Según el diseño definitivo del Real Decreto que el Gobierno llevará al Consejo de Ministros de hoy o del próximo viernes, el grupo que preside Florentino Pérez, que controla el 66% de Escal UGS, la compañía que iba a explotar el Castor y ha devuelto su concesión al Estado, podrá cobrar antes del 30 de noviembre los 1.350 millones de euros el valor neto contable de la infraestructura más unos 80 millones por la retribución y los costes incurridos en 2013 y 2014.
Podrá así hacer frente a la devolución de los 1.400 millones de euros que le prestaron los bonistas, el Banco Europeo de Inversiones entre ellos, para financiar un proyecto que finalmente no entrará en funcionamiento.
No habrá default de esos bonos y ACS se habrá salido con la suya, gracias a que el Gobierno ha accedido a liberar esa indemnización antes de la fecha tope fijada por el contrato de emisión de esos bonos, que termina a finales del mes de noviembre, independientemente de que se haya establecido una salvaguarda legal para poder exigir responsabilidades futuras en caso de que se detecte negligencia o dolo en el proceso de inyección de gas que provocó más de 500 terremotos hace ahora un año.
Enagás traspasará de forma automática los derechos de cobro de los 1.400 millones de euros a un pool de bancos, que recibirán un rentabilidad superior al 4% y podrán titulizar la deuda en los mercados
El mecanismo diseñado por Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía, establece que Enagás será acreedora de los derechos de cobro de esos más de 1.400 millones de euros con cargo al sistema gasista por un periodo de 30 años. Una vez que el Consejo de Ministros dé luz verde al Real Decreto para cerrar el Castor y pagar su indemnización, un "mecanismo automático establecerá la cesión de esos derechos de cobro al pool de bancos, que serán los que adelantarán ese monto y tendrán derecho a cobrarlo con unos intereses durante las próximas tres décadas", señalan fuentes financieras conocedoras del sistema.
El balance de Enagás no se verá afectado en ningún momento por este traspaso de los derechos de cobro. El operador del sistema será el vehículo que canalizará el proceso y los bancos podrán posteriormente 'titulizar' en los mercados esta deuda, al estilo de lo que ya se ha hecho con el déficit eléctrico, o mantenerla en sus balances y recibir a cambio su atractiva rentabilidad. Según las fuentes financieras consultadas, esta rentabilidad superará el 4%, pues irá referenciada al interés del bono del Tesoro público a 30 años "más un punto o algo más de un punto básico", pero sin aval del Estado.
Enagás, por su parte, una vez que haya canalizado este traspaso de deuda se encargará exclusivamente de hibernar el almacén de gas, proceder a su cierre y garantizar su seguridad hasta que Industria decida si finalmente lo pone en operación comercial, algo muy improbable por el alto riesgo de que se vuelvan a producir terremotos, o realiza su desmantelamiento.
El sector dar por muerto y desmantelado el Castor, dado el alto riesgo de nuevos terremotos en el caso de que se intente volver a inyectar, de nuevo, gas natural para su explotación comercial
Sea como fuere, la 'broma' le costará a los consumidores de gas más de 1.400 millones de euros que se cargarán al recibo mensual al estilo de la moratoria nuclearque pagaron todos los consumidores eléctricos durante lustros tras la decisión del Gobierno del PSOE de paralizar el desarrollo de las centrales en los años ochenta.
Al final se han impuesto las tesis del ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, que apostó porque fueran los consumidores de gas y no todos los ciudadanos, vía Presupuestos Generales del Estado, los que costearan el proyecto frustrado de ACS. Su compañero de Gobierno, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, se negó en rotundo a cargar a los PGE la aventura por temor a que la Comisión Europea entendiera que esto podría provocar un aumento del déficit público español.
En el diseño del rescate del Castor para garantizar a Florentino Pérez la indemnización para pagar a sus bonistas han trabajado Industria, pero también Economía, Justicia y vicepresidencia del Gobierno.
El Ejecutivo, para dar una rápida solución al grave problema financiero provocado por el cierre del almacén, ha primado los intereses de ACS y su estabilidad económica, para evitar que un posible default de los bonos dañara no sólo la imagen internacional del grupo de infraestructuras sino también la de España, dado que el principal acreedor de esos bonos era el BEI, una entidad dependiente del Ejecutivo comunitario.
