Todo iba más que encarrilado hasta que el Castor se cruzó por el medio. El Ministerio de Industria y Energía y las empresas del sector gasista (la transportista Enagás y las distribuidoras Gas Natural, Madrileña de Gas, Redexis, Iberdrola, Galp…) tenían avanzado el diseño de la reforma del sector, que entrará en vigor el 1 de enero de 2015 con el objetivo de que los costes del sistema no se desboquen como ha ocurrido con el sistema eléctrico.
Atajar un incipiente déficit de 300 millones de euros, que en el peor escenario se elevaría a un acumulado de 700 millones, es algo más que razonable para las partes implicadas, si se compara con lo más de 30.000 millones de déficit que acumula el sector eléctrico desde 2002. Pero el Gobierno no sabe qué hacer con el dichoso Castor, el almacén de gas subterráneo controlado por ACS a través de su participada Escal UGS. Tanto si entra en funcionamiento, algo más que improbable en estos momentos, como si la empresa de Florentino Pérez decide devolverlo al Estado, el coste del Castor pasará, previsiblemente, a la tarifa del gas.
Esta hipótesis de trabajo, heredera de la moratoria nuclear que cargó al recibo de la luz por décadas los costes del cierre de las centrales atómicas decretado por Felipe González, está ya sobre la mesa. Es la opción que estudia Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía, y ha puesto patas arriba todo lo conseguido en los meses de negociación sobre la reforma gasista.
"No es lo mismo aplicar un recorte al sistema del gas de entre 300 y 400 millones de euros para dejar el déficit casi a cero que recortar unos 2.000 millones tras endosar al sector el coste de la indemnización del Castor, que podría rondar desde los 1.400 hasta los 1.700 millones de euros", señala una fuente del sector energético consultada.
Si el coste de la indemnización del Castor se lleva a la tarifa la reforma del gas exigiría un recorte de más de 2.000 millones, frente a los 400 actuales
Tanto las empresas gasistas como las compañías eléctricas se oponen en rotundo a una supuesta solución que "acarrearía otro gran problema, generar un déficit de tarifa del gas que sería incontrolable y que sería imposible de subsanar porque no hay tanto donde recortar".
El escenario de costes de la reforma ya estaba casi atado: 200 millones para el transporte, 110 millones para la distribución y unos 90 millones procedentes de la eliminación del índice de actualización de la retribución. En total, unos 400 millones que ya tenían solución y despejaban el horizonte hasta 2020, con unas previsiones de demanda en crecimiento moderado una vez que la recuperación económica consiga asentarse.
En este escenario de costes preacordado entre Industria y las empresas ya se incluye la previsión de entrada en funcionamiento del Castor, algo que las partes no se han atrevido a eliminar porque oficialmente el almacén controlado por ACS está ahora en situación de cierre temporal, no definitivo. "La retribución al Castor está incluida como gastos globales del sistema gasista, porque a la fecha de hoy el almacén es una infraestructura del sector susceptible de ser usada y como tal se incluye en sus costes. Pero si se cierra definitivamente o su propietario devuelve la concesión al Estado, habría que sacarlo de la reforma del gas porque se convertiría en un problema de Estado, no un problema sólo del sector. No tiene sentido que se hagan cargo del coste de su cierre sólo los clientes de gas que lo pagarán con cargo al recibo durante los próximos 20 o 25 años", señala otra fuente del sector.
Hay algunos muy altos directivos del sector que han dicho estos días en privado que sería un "escándalo" que el pato lo pagaran sólo los consumidores de gas
Hay algunos muy altos directivos del sector energético que han calificado en privado estos días de "escándalo" que "de nuevo otro coste externo, ajeno al sistema, se endose a la tarifa", en referencia a la idea barajada por Industria de buscar una salida al Castor en caso de cierre definitivo.
Este nuevo encontronazo entre el Ministerio que dirige José Manuel Soria y el sector energético ha paralizado los avances conseguidos en las negociaciones de la reforma del gas. "Si no se soluciona el problema del Castor antes de que se apruebe la reforma del gas ocurrirá algo parecido a la reforma energética, cuyo objetivo era solucionar los graves desequilibrios de costes del sector eléctrico y al final ha acabado como el rosario de la aurora, sin arreglar los verdaderos problemas estructurales del sistema", critica una fuente del sector eléctrico.
Industria está esperando la llegada de nuevos estudios sismológicos sobre el Castor, así como el cierre definitivo de las auditorías de costes de la infraestructura, para tomar una decisión sobre el almacén subterráneo. Pero todo parece indicar que, al menos por ahora, sería temerario reabrir el Castor ante la evidencia de que fue la inyección de gas la que provocó los más de 500 terremotos de septiembre y el despertar de una nueva falla, la bautizada del Castor. Así lo evidencias sendos estudios del IGN y del IGME.
Ante esta evidencia, el propio Florentino Pérez, presidente de ACS, cuya participada Escal UGS explota el Castor, ha informado a Nadal de sus intenciones de devolver la concesión para recibir una indemnización a cambio. El secretario de Estado, por su parte, está estudiando la creación de un 'banco malo' en el que aparcar el Castor, pero su propietario tendría que aceptar una importante quita, que podría ser del 50% sobre el coste de la inversión (1.400 millones de euros).
